La Policía Nacional de Panamá, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ha efectuado la captura de un tercer individuo vinculado a una presunta red criminal dedicada al reclutamiento de ciudadanos panameños para combatir en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. La detención se llevó a cabo la tarde del pasado 16 de agosto en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El operativo de captura fue posible gracias a una alerta emitida por la Interpol, la cual permitió detectar el ingreso al territorio nacional del ciudadano panameño, quien procedía de la ciudad de Bogotá, Colombia. Según informaron las autoridades, este hombre estaría directamente relacionado con la captación de personas para ser trasladadas hacia zonas de conflicto armado. Con esta nueva detención, ya son tres las personas que se encuentran bajo custodia en relación con esta causa, enfrentando cargos por el delito de trata de personas.
La Fiscalía ha emitido una advertencia pública sobre los métodos utilizados por los presuntos reclutadores, señalando que continúan operando activamente a través de redes sociales, con un énfasis particular en la plataforma TikTok. El esquema de captación se basa en el engaño, ofreciendo a los interesados salarios sumamente elevados, bonos económicos y la promesa de empleos que, según los reclutadores, no implicarían la participación directa en combates activos. Para concretar el proceso, los captadores solicitan a las víctimas datos personales sensibles, incluyendo números telefónicos y fotografías de sus documentos de identidad.
Dentro de las investigaciones, resalta el caso de Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un ciudadano panameño de 63 años y veterano de guerra de Ucrania. Ryfkogel fue aprehendido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto de Tocumen mientras intentaba viajar hacia Estambul, con el objetivo posterior de dirigirse a Ucrania. Tras su presentación ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA), un juez le impuso una medida de detención provisional por un periodo de seis meses, tiempo en el cual se adelantarán las investigaciones correspondientes.
Sobre la naturaleza de estas redes, la fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, aclaró que existen estructuras distintas. El caso vinculado a Ryfkogel se centra específicamente en el reclutamiento de personas para combatir en Ucrania, lo cual diferencia este operativo de la detención previa de otro ciudadano panameño, quien ha sido señalado de captar personas para combatir del lado de Rusia.
Las pesquisas oficiales comenzaron el 15 de junio, impulsadas por los testimonios de diversas víctimas que describieron la existencia de una estructura organizada para la captación y el traslado de panameños. En estas declaraciones, tres personas identificaron directamente a Ryfkogel como el encargado del reclutamiento y el financiamiento de los viajes. La Fiscalía sostiene que, mediante este esquema, aproximadamente 18 personas habrían sido trasladadas hacia Ucrania.
El atractivo económico era uno de los principales ganchos de la red: se ofrecían salarios mensuales que oscilaban entre los 3,000 y 9,000 dólares, dependiendo de las labores a realizar, además de un seguro de vida con una cobertura de hasta 500,000 dólares. El proceso operativo iniciaba con el contacto vía redes sociales, seguido de citas en puntos estratégicos de la ciudad para gestionar la tramitación de pasaportes y la organización de los vuelos. Algunos de los reclutados eran trasladados a viviendas u hospedajes específicos donde, durante los allanamientos, las autoridades hallaron recibos y documentos personales de los involucrados.
Sin embargo, una vez que las víctimas llegaban a Ucrania, la realidad era drásticamente distinta a la prometida. Según las investigaciones, a los panameños se les retenían sus documentos de identidad y se incumplían los pagos salariales acordados. Tras un periodo de entrenamiento, eran enviados obligatoriamente a zonas de combate. Aquellos que intentaban abandonar la organización eran víctimas de amenazas y, en diversos casos, se les exigía el pago de sumas de dinero, llegando hasta los 2,500 dólares, para permitirles salir del grupo.
Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la magnitud total de esta red, identificar a otros posibles cómplices y establecer las responsabilidades penales de todos aquellos que participaron en la captación y el traslado ilegal de ciudadanos panameños hacia el escenario de guerra.
