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Denuncian desplazamiento de YPFB por empresas privadas en la importación de combustibles

El ejecutivo de la Federación de Choferes Asalariados de Bolivia, René Calderón, afirmó que empresas privadas ganan protagonismo en la importación de combustibles y que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habría dejado de realizar directamente parte de las compras en el exterior. “Ahora ya no son de YPFB, las facturas ya no son de YPFB, [...]

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Denuncian desplazamiento de YPFB por empresas privadas en la importación de combustibles

El panorama de la importación de combustibles en Bolivia se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento tras las recientes declaraciones de René Calderón, ejecutivo de la Federación de Choferes Asalariados de Bolivia. El dirigente ha denunciado que existe un desplazamiento progresivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las operaciones de compra de carburantes en el exterior, otorgando un protagonismo creciente a empresas privadas que ahora lideran este proceso.

Según las afirmaciones de Calderón, YPFB habría dejado de realizar directamente una parte significativa de las compras de combustibles en los mercados internacionales. El ejecutivo sostiene que este cambio no es reciente, sino que comenzó a gestarse desde la administración del Gobierno anterior. De acuerdo con su relato, se produjo una transformación en la gestión administrativa y financiera de estas adquisiciones, afectando directamente la titularidad de las operaciones.

En términos específicos, Calderón señaló que la naturaleza de las facturas ha cambiado. El dirigente explicó que, anteriormente, los documentos de compra estaban a nombre de YPFB, pero que posteriormente se introdujo la figura de Botrading para gestionar dichas transacciones. No obstante, aseguró que, si bien en aquel periodo una parte de la documentación aún especificaba que la compra de origen correspondía a la estatal petrolera, en la actualidad la situación ha evolucionado hacia un modelo donde las operaciones son manejadas exclusivamente por empresas privadas.

Para sustentar estas aseveraciones, el ejecutivo de la Federación de Choferes Asalariados de Bolivia indicó que esta realidad puede ser verificada de manera tangible. Según Calderón, la documentación que acompaña a las cisternas en los puntos fronterizos evidencia que las compras ya no son ejecutadas directamente por la entidad estatal, sino por entes privados.

El dirigente describió un presunto mecanismo operativo en el cual las empresas privadas adquieren el combustible en otros países para, posteriormente, venderlo a YPFB. Esta triangulación, según el denunciante, ha tenido un impacto directo en la logística y el volumen de combustible que ingresa al país. Calderón advirtió que los volúmenes de carburantes movilizados en la actualidad son considerablemente menores en comparación con los registros de gestiones anteriores.

Para ilustrar esta caída en la operatividad, el dirigente proporcionó un ejemplo concreto relacionado con la ruta desde Perú. Calderón afirmó que, en periodos pasados, se cargaban aproximadamente 100 cisternas por noche en dicha frontera. Sin embargo, señaló que la cifra ha descendido drásticamente, registrándose ahora el movimiento de apenas entre 20 y 25 cisternas por día, lo que representa una reducción severa en el flujo de transporte de combustible.

Además de las críticas a la gestión de importación, René Calderón cuestionó las versiones oficiales respecto a la existencia de supuestas "mafias" y los problemas de contaminación de combustibles que han sido mencionados en el discurso público. Para el dirigente, estas explicaciones no justifican la situación actual del sector.

Esta reestructuración en el modelo de importación ha tenido consecuencias directas en el sector del transporte. Calderón sostuvo que las empresas de transporte, que anteriormente operaban principalmente bajo contrato con YPFB, ahora deben trabajar de manera parcial con empresas privadas. Esta transición ha provocado una reducción generalizada en las operaciones logísticas, lo que a su vez ha derivado en el despido de trabajadores del sector.

Finalmente, el sector del transporte pesado ha manifestado que se encuentra en un proceso de observación. El dirigente informó que esperan un plazo de 90 días para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. Asimismo, anunció que el sector se está unificando con el objetivo de asumir una posición conjunta y coordinada frente a esta problemática.

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