A siete días de que la tierra se sacudiera en Colombia, el país enfrenta las consecuencias del sismo más fuerte registrado en lo que va del siglo XXI. La catástrofe ha dejado un saldo oficial de 287 víctimas fatales, miles de viviendas reducidas a escombros y una emergencia distribuida en 15 departamentos, evidenciando las profundas desigualdades territoriales y estructurales de la nación.
El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento del Chocó, ocurrió precisamente el primer día hábil del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Debido a la profundidad del fenómeno, el impacto se extendió ampliamente por las zonas centro y occidente del país, generando desafíos logísticos complejos. El mandatario, un abogado de tendencia ultraderechista sin experiencia previa en cargos públicos, asumió el liderazgo personal de la respuesta, desplegando a su gabinete en las diversas regiones afectadas para acompañar a los damnificados.
El balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revela la magnitud de la devastación: en 472 municipios afectados se contabilizan 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados. Además, se reportan más de 120.000 familias afectadas, 4.147 heridos y más de 190 personas que aún no han sido localizadas. La cifra de fallecidos fue ajustada a la baja por segunda vez, situándose en 287 tras un proceso de unificación de reportes municipales que inicialmente habían alcanzado los 294 muertos.
En el ámbito humano, las tareas de búsqueda y rescate estuvieron marcadas por el símbolo del puño levantado, pidiendo silencio para escuchar posibles sobrevivientes. Aunque 355 personas fueron rescatadas hasta el domingo por la noche, el cierre de la "ventana crítica" de 72 horas ha reducido las probabilidades de hallar más supervivientes. En Cali, se registraron historias desgarradoras: un bebé fue rescatado entre los escombros de Torres del Limonar, pero posteriormente se confirmó la muerte de su madre. En la misma ciudad, una familia sufrió la pérdida de dos de sus hijas trillizas y de ambos padres, quienes fueron hallados abrazados y sin vida.
La crisis también trasladó la tensión al plano diplomático. Inicialmente, la UNGRD manifestó que la asistencia de expertos locales sería suficiente, lo que generó controversias cuando varios gobiernos ofrecieron ayuda humanitaria. El Salvador señaló que Colombia solo aceptaba donaciones y no asistencia técnica, mientras que la embajada de China solicitó mayor claridad en los procesos. Ante las críticas de la oposición sobre un posible sesgo ideológico en la selección de la ayuda, el canciller Omar Bula aseguró que la asistencia se recibe sin consideraciones políticas.
Desde la academia, las opiniones sobre la gestión de De la Espriella han sido mixtas. Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, señaló que las visitas del presidente a Quibdó y Pereira envían una señal de presencia estatal. Por otro lado, Lucas Martínez-Villalba, profesor del Tecnológico de Monterrey, advirtió que el mandatario podría recurrir a gestos de autopromoción que deriven en un "culto a la personalidad".
La tragedia ha puesto de relieve la precariedad constructiva del país. Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, doctor en Estructuras, explicó que la informalidad en la construcción alcanza el 60% en Colombia. Además, señaló que muchas estructuras fueron edificadas antes del reglamento sismorresistente de 1984, el cual no fue legislativamente exigible hasta la reforma constitucional de 1991. Esta vulnerabilidad fue evidente en Quibdó, donde la infraestructura precaria agravó la devastación, y en Buenaventura, donde la falta de un hospital público de tercer nivel obligó a acondicionar carpas para atender a los heridos.
En términos económicos, se estima que el costo de reconstrucción rondará el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque esto podría dinamizar la economía sin disparar la inflación, pone en riesgo la promesa presidencial de reducir el déficit y sanear las cuentas públicas. La infraestructura afectada es masiva: más de 300 centros de salud, 3.200 centros educativos, 4.000 centros comunitarios, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 peatonales y 5 aeropuertos. Para mitigar el impacto, el Banco Mundial puso a disposición 200 millones de dólares.
Finalmente, la solidaridad ciudadana y empresarial ha surgido como un pilar de apoyo. En Cali, el espacio del Festival Petronio Álvarez se transformó en centro de acopio con 1.200 voluntarios. El exfutbolista Mario Yepes organizará un partido solidario en Bogotá. En el sector privado, la familia Gilinski donó 150.000 millones de pesos, David Vélez aportó 32 millones de dólares y otros empresarios sumaron más de 200.000 millones de pesos para la atención de la emergencia.
