En el marco de una compleja investigación judicial liderada por la fiscal Betina Lacki, se llevaron a cabo las indagatorias de tres personas detenidas por su presunta participación en una monumental maniobra financiera basada en el uso de billeteras virtuales. La causa, que ha generado un fuerte impacto debido a las cifras involucradas y el perfil de uno de los acusados, busca desentrañar la estructura de una red que habría movilizado sumas exorbitantes de dinero en un periodo reducido de tiempo.
Durante la jornada de ayer, los tres imputados fueron citados a declarar. Sin embargo, el escenario procesal mostró posturas divididas respecto al ejercicio del derecho a la defensa. Ignacio Marchioni, quien había sido detenido en la localidad de Quilmes, fue el único de los tres que decidió romper el silencio y prestar declaración ante la fiscalía. Por el contrario, Albertina Mangini y Mauro Perrota optaron por ampararse en su derecho constitucional, manteniendo un silencio absoluto frente a los interrogatorios de la fiscal Lacki.
En su declaración, Marchioni intentó justificar la naturaleza de sus transacciones financieras. Según el imputado, su actividad profesional y los movimientos registrados en sus cuentas estaban vinculados a tareas de corretaje y diversas inversiones. No obstante, esta versión ha sido recibida con cautela por parte de los investigadores, ya que deberá ser contrastada minuciosamente con los registros financieros que forman parte del expediente.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los peritos y fiscales es la detección de un patrón operativo recurrente. La investigación ha identificado decenas de transferencias provenientes de múltiples billeteras virtuales que presentan una característica particular: los montos de las operaciones terminan sistemáticamente en el número “.12”. Este detalle técnico es uno de los ejes centrales del análisis forense digital, ya que sugiere una metodología coordinada y no movimientos financieros azarosos o genuinos de inversión.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que uno de los puntos críticos bajo análisis es la contradicción entre la actividad declarada por Marchioni y la realidad de los flujos de fondos. La fiscalía se cuestiona cómo una actividad de corretaje pudo concentrar tal volumen de movimientos provenientes de cuentas que, según la hipótesis principal, habrían sido utilizadas como canales para el blanqueo o la circulación de dinero de origen ilícito.
La magnitud de la pesquisa se hizo pública recientemente, revelando que los investigadores estiman que los involucrados habrían movilizado la asombrosa cifra de 27 mil millones de pesos en el lapso de un año. El objetivo actual de la causa es establecer con precisión el origen primario de esos fondos y determinar quiénes fueron los actores que participaron en las distintas etapas de la operatoria, desde la captación del dinero hasta su posterior movimiento a través de las plataformas digitales.
El caso ha adquirido una dimensión institucional considerable debido a la identidad de una de las detenidas. Albertina Mangini, capturada en la ciudad de La Plata, es una funcionaria que pertenecería a la Procuración General bonaerense. Su detención ha elevado la gravedad del asunto, ya que se encuentra acusada provisoriamente de delitos graves: asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Estas imputaciones cuentan con agravantes específicos debido a la habitualidad de las conductas y, fundamentalmente, por la función pública que desempeñaba la mujer.
De acuerdo con la hipótesis planteada por la fiscalía, el rol de Mangini habría sido fundamental en la fase de captación. Se sospecha que la funcionaria se habría encargado de contactar a personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se les ofrecían sumas de dinero a cambio de entregar sus datos personales y biométricos. Estos datos, presuntamente, eran utilizados para abrir cuentas o gestionar billeteras virtuales que luego servían para canalizar el dinero ilícito sin levantar sospechas inmediatas.
La investigación también ha alcanzado a Mauro Perrota, detenido en la ciudad de Mardel Plata. Al igual que la funcionaria Mangini, Perrota decidió no prestar declaración durante su indagatoria. Mientras los imputados permanecen bajo proceso, la fiscal Betina Lacki continúa con las tareas investigativas para desarticular completamente la red y determinar si existen más ramificaciones dentro del aparato estatal o el sector financiero.
