Tras un periodo de 445 días de incertidumbre y escrutinio público, Iván Mendoza, quien se desempeñaba como vicepresidente del Colegio Médico, ha confirmado su absolución total en los procesos investigativos que se iniciaron en su contra. El especialista en Anatomía Patológica de la Universidad de Chile fue uno de los nombres que aparecieron en un informe de la Contraloría General de la República, el cual reveló que 25.078 funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas entre los años 2023 y 2024.
Este informe generó un fuerte impacto en la opinión pública y diversas repercusiones institucionales, lo que llevó a Mendoza a tomar la decisión inmediata de renunciar a su cargo directivo en el gremio médico. A través de una carta de tres páginas dirigida al Consejo General del Colegio Médico, el profesional detalló que su salida no fue solicitada por sus pares, sino que fue un acto de responsabilidad personal para evitar que cualquier duda sobre su actuación afectara la conducción de la institución.
En el documento, Mendoza explica que, desde el momento en que tuvo conocimiento de que sus antecedentes figuraban en la lista de la Contraloría, decidió dar un paso al costado. Según sus palabras, consideró que lo más ético era permitir que las instancias correspondientes resolvieran la situación, asegurando que se sintió respaldado por quienes compartían la dirigencia del Colegio, aunque mantuvo su postura de apartarse mientras existiera una sospecha sobre su probidad.
El camino hacia la absolución incluyó dos procesos paralelos y exhaustivos. En primer lugar, el médico no esperó a ser procesado, sino que se autodenunció ante el Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico. Mendoza sostuvo que, dada su calidad de dirigente, no era suficiente con su propia convicción de haber actuado correctamente, sino que era imperativo que las instituciones determinaran si existía o no una falta ética. El resultado de este proceso fue favorable: el tribunal resolvió que los hechos no constituyeron infracción a norma ética alguna, ni vulneración del deber de probidad, ni afectación de la dignidad profesional, concluyendo que el uso de la licencia médica fue correcto.
Simultáneamente, se llevó a cabo una investigación administrativa en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, establecimiento donde el especialista trabajaba al momento de los hechos. Este proceso culminó en abril de este año con la emisión de la Resolución N.º 2516, la cual lo absolvió de todos los cargos formulados. La resolución administrativa concluyó que no se estableció falta a la probidad ni infracción al Estatuto Administrativo.
La controversia se originó en octubre de 2023. Según los antecedentes presentados, el médico utilizó su feriado legal para viajar a Mendoza, Argentina. Sin embargo, su retorno a Chile se vio obstaculizado por el cierre del paso Los Libertadores, provocado por un frente de mal tiempo. Mendoza afirma que esta situación fue informada oportunamente a su jefatura directa. Una vez que el paso fronterizo fue reabierto, el profesional regresó al país y, posteriormente, debido a problemas de salud, hizo uso de una licencia médica por tres días, la cual cumplió íntegramente en territorio chileno.
Al reflexionar sobre el impacto de este proceso, el especialista admitió que el camino no estuvo exento de costos, afectándole tanto a él como a su núcleo familiar. Destacó que la decisión de renunciar a una responsabilidad gremial que ejercía con compromiso fue difícil, dada su trayectoria como dirigente desde sus años de estudiante. No obstante, aseguró que, de enfrentarse a la misma situación, tomaría la misma decisión nuevamente.
Finalmente, Iván Mendoza expresó su preocupación por el impacto que este tipo de fiscalizaciones generan en el gremio médico. Señaló que muchos colegas, que cumplen su trabajo con vocación y responsabilidad, se han sentido cuestionados o amenazados por procesos de control que no siempre se realizan de manera adecuada. En este sentido, enfatizó la importancia fundamental del debido proceso, argumentando que, si bien la fiscalización es necesaria, debe ejecutarse con rigor, revisando los antecedentes específicos de cada caso y garantizando que toda persona tenga la posibilidad de acreditar sus circunstancias reales.
