Un hecho violento ocurrido la mañana del pasado miércoles en el barrio de Piedras Blancas, Montevideo, ha puesto nuevamente en el centro del debate la eficacia de los protocolos de protección ante la violencia de género y la gestión de las denuncias judiciales. Una joven de 24 años perdió la vida tras ser atacada a tiros mientras se dirigía a una parada de ómnibus, un desenlace que su familia describe como previsible debido a los reiterados episodios de hostigamiento y amenazas que la víctima venía sufriendo desde hacía meses.
El ataque se produjo aproximadamente a las 6:00 horas en la calle Teniente Galeano. Según la reconstrucción de los hechos, la joven no caminaba sola; debido al clima de inseguridad y violencia que rodeaba su vida, era acompañada por su madre y su padrastro. Mientras se acercaban a la parada del transporte público, un hombre armado apareció y comenzó a disparar contra el grupo. En un intento por defender a la joven, su padrastro, un hombre de 57 años, respondió al fuego con su propia arma, resultando herido durante el enfrentamiento. A pesar de los esfuerzos, la joven recibió impactos que la dejaron en estado grave, siendo trasladada de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció en el transcurso de la mañana.
La tragedia no parece ser un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de persecución sistemática. De acuerdo con los testimonios de los familiares, la joven y su círculo cercano habían denunciado ante las autoridades una serie de ataques y hostigamientos persistentes. Entre los hechos reportados se encuentran disparos dirigidos contra la vivienda de una de las hermanas de la víctima, así como agresiones directas hacia la joven y ataques contra un vehículo perteneciente a la familia. La cronología de estas denuncias comenzó formalmente en el mes de marzo, cuando la hermana de la víctima presentó una denuncia tras una balacera. La última alerta fue registrada el pasado 12 de julio.
Un elemento central en este caso es la presunta responsabilidad de la expareja de la joven, quien se encuentra actualmente privado de libertad. Los familiares sostienen que, aunque el agresor estaba preso, seguía ejerciendo control y violencia a través de terceros. Según afirman los denunciantes, cada vez que eran amenazados o atacados, los responsables explicitaban que actuaban por orden y en nombre de dicho hombre. La propia víctima había llegado a declarar ante la Policía su sospecha de que su expareja era quien coordinaba los ataques en su contra, asegurando que no era la primera vez que sufría agresiones de esta índole.
Sin embargo, el análisis de la gestión judicial revela fallas críticas en la tramitación de estas alertas. Se ha informado que las denuncias presentadas nunca fueron derivadas a la repartición especializada en Violencia de Género, una omisión que podría haber cambiado el rumbo de la protección de la víctima. Además, se detectó una preocupante falta de centralización en la investigación: cada denuncia fue atendida por la Fiscalía de turno en ese momento, sin que el caso fuera asignado a un fiscal único. Esta fragmentación impidió que las autoridades analizaran los hechos de forma conjunta, evitando que se comprendiera el contexto completo de riesgo y la gravedad de la situación.
Ante la gravedad de las revelaciones, la Fiscalía de Corte emitió un comunicado informando que se encuentra revisando exhaustivamente todas las actuaciones previas. El organismo indicó que está recabando información sobre las denuncias mencionadas por la hermana de la joven, corroborando su asignación y verificando cuáles fueron las medidas dispuestas en cada una de las intervenciones. El objetivo es determinar si existieron omisiones administrativas o negligencias en la protección de la víctima.
Actualmente, el crimen está siendo investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos en conjunto con la Fiscalía, quienes buscan esclarecer la mecánica del ataque y confirmar la conexión directa entre el ejecutante material y la expareja encarcelada.
