El Gobierno uruguayo ha logrado un avance decisivo en la agenda legislativa al conseguir el respaldo de la fuerza política opositora Cabildo Abierto. Este acuerdo asegura que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas cuente con los votos necesarios para ser aprobado en el Parlamento, superando así una etapa de incertidumbre respecto a su viabilidad numérica en el cuerpo legislativo.
La confirmación de este apoyo fue brindada por el líder de Cabildo Abierto, el exsenador y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Durante una rueda de prensa celebrada este jueves, Manini Ríos detalló que la decisión fue tomada tras un proceso de análisis conjunto con los dos diputados que integran su partido. Según explicó el dirigente, el grupo evaluó detenidamente la respuesta brindada por el Poder Ejecutivo ante los planteos y sugerencias que habían formulado previamente.
En sus declaraciones, Manini Ríos destacó que existió una «sensibilización» por parte del Gobierno frente a las demandas de su sector. El líder político enfatizó que este acercamiento representa una mejora tangible en el contenido del proyecto de Rendición de Cuentas en comparación con la versión original, lo que permitió que la fuerza política decidiera acompañar la iniciativa.
Manini Ríos subrayó la filosofía detrás de su decisión, afirmando que la Rendición de Cuentas no debe ser vista como una herramienta para el Gobierno, sino como un instrumento destinado a beneficiar a la ciudadanía. «Siempre dijimos: ‘la Rendición de Cuentas no es para el Gobierno, es para la gente’. Queremos mejorarla y, si lo logramos, vamos a acompañar y vamos a votar», señaló el excomandante. Asimismo, añadió que el objetivo final es que la población tenga la posibilidad de mejorar su situación socioeconómica a través de los diversos aspectos contemplados en la ley.
El camino hacia la aprobación de este proyecto ha sido complejo debido a la distribución de fuerzas en el Parlamento. Actualmente, el oficialista Frente Amplio posee la mayoría en la Cámara de Senadores, pero no cuenta con la misma ventaja numérica en la Cámara de Representantes. Esta configuración obligaba al Gobierno a buscar el apoyo de sectores de la oposición para lograr la aprobación en general del proyecto, paso indispensable para proceder posteriormente al tratamiento del articulado detallado.
La necesidad de votos externos se volvió crítica luego de que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaran que no acompañarían la propuesta gubernamental. El proyecto en cuestión incluye reasignaciones presupuestales estratégicas y un incremento del gasto público por un monto de 31 millones de dólares, fondos que están destinados específicamente a combatir la pobreza infantil en el país.
Ante la negativa inicial de estos partidos, el presidente Yamandú Orsi había hecho un llamado público al diálogo, expresando su esperanza de que las decisiones fueran reconsideradas. El mandatario subrayó que no se trataba simplemente de una idea o un planteamiento político, sino de propuestas concretas diseñadas para impactar en los sectores más necesitados. Entre los puntos clave defendidos por Orsi se encuentran la unificación de transferencias y el aumento de las mismas para la población más vulnerable, con un enfoque prioritario en niños, niñas y adolescentes, además del fortalecimiento de la seguridad pública mediante la incorporación de más personal.
En el marco de este debate legislativo, han surgido fuertes críticas sobre la gestión de la inversión pública. Se ha señalado que, en un periodo de seis años, el Gobierno completó 3.000 obras, lo que promedia 500 obras anuales, unas 41.7 mensuales o una cada 17 horas. No obstante, se cuestiona la escala de dichas intervenciones, argumentando que este ritmo es compatible con obras menores como placas, tramos de acera o canchas techadas, pero insuficiente para proyectos de gran envergadura como puentes o presas.
Esta crítica se apoya en el dato de que la inversión pública se mantiene estancada en el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Según se ha mencionado, incluso el Banco Central ha identificado en este freno de la inversión un factor que afecta el estatus del crecimiento económico. En este contexto, se ha argumentado que cuando la obra pública se mide únicamente en unidades y no en su proporción respecto al PIB, lo que se termina inaugurando es una estadística y no un desarrollo estructural.
