El Gobierno peruano ha intensificado su estrategia de seguridad ciudadana mediante el despliegue de un robusto contingente de fuerzas del orden en Lima Metropolitana. Esta medida, enmarcada en el denominado Plan Escudo, responde a la creciente ola de extorsiones y ataques de sicariato que han afectado gravemente al sector del transporte público, convirtiéndose en una de las principales fuentes de financiamiento para organizaciones criminales tanto nacionales como extranjeras.
Como parte de esta ofensiva, más de 4 mil efectivos, integrados por personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, han sido movilizados estratégicamente hacia puntos críticos de la capital. El despliegue se concentra principalmente en patios de maniobras, paraderos y rutas que han sido identificadas como vulnerables ante las agresiones de las bandas delictivas. Para fortalecer esta operatividad, el Ministerio del Interior informó la incorporación de 100 policías especializados en inteligencia e investigación, cuya labor se centrará en la ejecución de controles y operaciones tácticas en vías primarias y secundarias, buscando anticipar nuevos atentados y asegurar que el servicio de transporte urbano no se vea interrumpido.
La magnitud de la crisis que motiva estas acciones queda evidenciada en las cifras proporcionadas por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Según estos datos, entre agosto de 2024 y julio de 2026, se registraron un total de 240 atentados contra el transporte público en Lima y Callao. El saldo de esta violencia es alarmante: 320 víctimas en total, de las cuales 162 personas perdieron la vida y 158 resultaron heridas.
Desde el inicio de esta semana, la Policía, con el respaldo del Ejército, ha implementado operativos constantes durante el día y la noche. Las tácticas incluyen el acompañamiento preventivo a los buses desde el comienzo de sus recorridos, la vigilancia permanente en los patios de maniobras, patrullajes motorizados y el establecimiento de puestos fijos de control. Entre las empresas de transporte que cuentan con este resguardo se encuentran Vipusa, Nuevo Perú, El Cóndor, Roluesa, Etuchisa, Santa Catalina, Línea 73, Translima, Huascar/Aquarius, Etcimosa, ETUSA y Nueva América.
El despliegue geográfico abarca sectores neurálgicos y conflictivos, tales como Puente Nuevo, Puente Tres Ruedas, Atocongo, Pamplona, Primera de Pro, Puente Piedra, la Vía de Evitamiento y la Panamericana Norte. Al respecto, el titular del Mininter, César Astudillo, enfatizó que el Plan Escudo trasciende la mera presencia física de efectivos en las calles. Según el ministro, la estrategia se fundamenta en un trabajo articulado entre los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para identificar los movimientos de las organizaciones criminales y adelantarse a sus ataques. Asimismo, se está supervisando que las unidades incorporadas al plan estén interconectadas con la Central de Emergencia 105 de la PNP, permitiendo una respuesta rápida y coordinada ante cualquier amenaza.
A pesar de estos esfuerzos, la medida ha generado escepticismo entre transportistas y analistas. Algunos dirigentes del sector han sido críticos, calificando el despliegue como una acción "solo para la foto". En el ámbito académico y político, Alexandra Ames, especialista en políticas públicas, señaló que la intervención militar debe estar estrictamente supeditada a la estrategia del Mininter y la PNP, recordando que la detención de personas cometiendo delitos es una competencia exclusiva de la policía. Por su parte, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, advirtió que la sola presencia de militares en las calles no constituye una solución definitiva frente a la inseguridad, debido a que las Fuerzas Armadas poseen un ámbito de actuación distinto al policial. No obstante, Luis Herrera, exjefe del Gabinete de Asesores del Mininter, consideró que el plan tiene un objetivo disuasorio inmediato y que resultará útil siempre que esté respaldado por operaciones de inteligencia coordinadas.
La urgencia de estas medidas se refleja en la violencia reciente. El 10 de agosto, se lanzaron explosivos y municiones contra dos buses de la empresa Nuevo Horizonte S.A. en la ruta Ate-Yerbateros, acompañados de cartas extorsivas. Al día siguiente, un chofer de la empresa Pesqueros fue interceptado en Ate para exigirle cupos, mientras que en el Callao, cerca del óvalo La Perla, un conductor fue herido tras un ataque a balazos contra su combi. El 12 de agosto, la violencia alcanzó a la empresa Transporte 41 S.A. en Villa El Salvador, donde dispararon contra un bus en su paradero final. Finalmente, el miércoles, un chofer de Nuevo Horizonte S.A. resultó herido de bala en estado crítico al salir de su patio de maniobras en Ate.
De acuerdo con la Fiscalía, la distribución de estos ataques no es uniforme: Lima Norte concentra el 32.9% de las agresiones, seguida por la zona Sur con el 20.8% y el Este con el 18.8%. Específicamente, el 28% de los atentados se han concentrado en los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porres.
