Un colectivo integrado por 100 economistas, provenientes de diversas instituciones académicas y organismos especializados, ha señalado la necesidad urgente de repensar las políticas públicas actuales en México. Según los especialistas, el objetivo primordial debe ser eliminar aquellas limitaciones que están frenando el crecimiento económico del país, asegurando al mismo tiempo que no se comprometa la estabilidad macroeconómica nacional.
Este pronunciamiento se dio a conocer durante una conferencia de prensa celebrada al cierre del Foro para el Crecimiento Sostenible y Equitativo. En dicho evento participaron representantes de instituciones de alto prestigio, entre las que destacan el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Open Society Foundations, el Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México (Colmex) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Como resultado de este encuentro, los expertos anunciaron que presentarán una agenda homologada de propuestas ante la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Unión. Este documento técnico tiene como finalidad brindar una hoja de ruta clara y consensuada para estimular el dinamismo económico de la nación a través de reformas estructurales y ajustes en la gestión pública.
Dentro de los ponentes destacados se encuentran Fausto Hernández, representante del CIDE; Gabriela Dutrénit, de la UAM; Ana María Aguilar, del CMN; Juan Carlos Moreno-Brid, de la UNAM; así como Mariana Rangel y Héctor Villarreal, ambos adscritos al Tecnológico de Monterrey. Los académicos coincidieron en un punto fundamental: aunque México está recibiendo inversión, el volumen por sí solo no es suficiente. Subrayaron que es imperativo que dicha inversión sea de "calidad" para que realmente se traduzca en un aumento de la competitividad del país en el escenario global.
En relación con el denominado "Plan México", el grupo de economistas reconoció que el proyecto contiene propuestas muy interesantes y beneficiosas que podrían generar diversas oportunidades para el país. No obstante, expresaron una preocupación importante respecto a la implementación. Señalaron que la apertura de contratos mixtos y el cambio en las reglas operativas exigen que tanto el sector público como el sector privado desarrollen una capacidad de funcionamiento coordinada bajo estos nuevos términos. El problema central, advirtieron, es que este proceso de adaptación requiere de un tiempo que México actualmente no posee.
Asimismo, los especialistas analizaron la trayectoria económica reciente del gobierno federal. Admitieron que existe un crecimiento, pero enfatizaron que el potencial del país es mayor y que "da para más". Explicaron que, si bien el gobierno se ha enfocado prioritariamente en la reducción de la pobreza, el ciclo actual demanda un cambio de enfoque. En este sentido, utilizaron la analogía de "hacer más grande el pastel para una mejor redistribución", sugiriendo que es necesario incrementar la riqueza total generada para que las políticas de apoyo social sean más efectivas y sostenibles.
Uno de los puntos más críticos resaltados durante la conferencia fue la falta de certidumbre jurídica. Los economistas alertaron que la inseguridad en el marco legal representa, en estos momentos, el principal obstáculo para el crecimiento económico. Sin reglas claras y estables, la inversión se ve inhibida, lo que limita la expansión de las empresas y la creación de empleos.
Además de la certidumbre legal, el grupo enfatizó la importancia de fortalecer el capital humano. Consideraron fundamental que el Estado destine una mayor cantidad de inversión a los sectores de salud y educación, entendiendo que estos son pilares básicos para cualquier estrategia de crecimiento sostenible a largo plazo.
Finalmente, los expertos sugirieron que el gobierno federal implemente una serie de incentivos fiscales para atraer y retener inversiones. Propusieron específicamente permitir la deducción fiscal de aquellos proyectos que sean considerados estratégicos y que estimulen el desarrollo económico. Para garantizar la transparencia y la eficiencia de estas medidas, propusieron que la gestión y supervisión de dichos incentivos quede a cargo de un comité apartidista, evitando así que los intereses políticos interfieran en la estrategia económica del país.
