El Tribunal Oral Federal N°2, órgano encargado de dictar la sentencia en la causa Vialidad, ha dispuesto el embargo preventivo de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Esta medida cautelar tiene como objetivo principal preservar un nuevo bloque de activos mientras la Justicia avanza en el proceso de decomiso establecido en la condena original.
La resolución, que lleva las firmas de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, responde a un pedido formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal coincidió con los fiscales en la necesidad de adoptar los resguardos necesarios para asegurar que la jurisdicción conserve la "aptitud real" para hacer efectivo el decomiso. Cabe destacar que esta decisión de decomiso ya había sido tomada por el TOF 2 y convalidada por la Cámara de Casación, aunque la expresidenta ha presentado objeciones ante la Corte Suprema de Justicia.
La condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad no solo incluye una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que también implica el decomiso de bienes por un valor aproximado de 685.000 millones de pesos. Según la sentencia, todos los condenados deben responder solidariamente por este monto. Sin embargo, a más de un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena, la Justicia no ha logrado recuperar ningún monto económico de la expresidenta.
En una primera instancia, el TOF 2 convocó a los condenados para que depositaran la suma exacta de $684.990.350.139,86, monto que representa el daño provocado al Estado Nacional a través de las maniobras de corrupción. Ante la falta de pago voluntario por parte de los implicados, el tribunal solicitó a la fiscalía la identificación de bienes específicos para proceder a su decomiso. Tras un extenso proceso marcado por objeciones de las defensas, se identificaron inicialmente 111 bienes para ser tasados y rematados. A este listado se suma ahora el nuevo conjunto de propiedades señaladas por los fiscales, sobre las cuales se han fijado los embargos preventivos.
En su resolución, el tribunal subrayó que existe una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que impuso una consecuencia patrimonial concreta y actualmente exigible. Los jueces enfatizaron que la medida no se basa en una eventual condena futura, sino en la garantía de ejecutar una decisión ya adoptada y que permanece insatisfecha.
Un punto relevante de la medida es la inclusión de bienes de Máximo y Florencia Kirchner. A pesar de que los hermanos no fueron condenados en la causa Vialidad, el tribunal recordó que las firmas Hotesur SA y Los Sauces SA, de las cuales son titulares, se beneficiaron del fraude al Estado y de la relación económica mantenida entre el empresario Lázaro Báez y la familia Kirchner. El tribunal señaló que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para Báez e indirectos para los Kirchner, exteriorizados en negocios de locación, explotación turística y emprendimientos constructivos vinculados a los hoteles de la familia. Por este motivo, se ordenó el embargo de 13 inmuebles vinculados a dichas sociedades.
Entre las propiedades embargadas se encuentra el departamento de San José 1111, donde reside la expresidenta bajo prisión domiciliaria, así como un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera en el Complejo Madero Center. Asimismo, la medida alcanza al Hotel La Aldea Del Chaltén, cuatro propiedades en El Calafate y otras cuatro en Río Gallegos.
La medida se extiende también a otras empresas y personas. Se ordenó el embargo de un inmueble de la empresa Kank y Costilla S.A. y dos propiedades de Loscalzo y Del Curto S.R.L, firmas adquiridas por Lázaro Báez que, junto a Austral Construcciones, se beneficiaron del direccionamiento de licitaciones de obras viales en Santa Cruz. También se incluyó una propiedad en Santa Cruz vinculada a un trámite sucesorio adquirida por Báez en 2005.
En cuanto a bienes muebles, se renovaron los embargos sobre nueve vehículos de alta gama y de colección pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López. La lista incluye camionetas de las marcas BMW, Land Rover, Dodge y Chrysler, además de un Torino GS. Sobre José López, la Justicia también dispuso el embargo de una embarcación y dos propiedades situadas en Chicligasta, Tucumán.
Finalmente, el tribunal manifestó su malestar ante los "reiterados incumplimientos" del Banco Galicia respecto a pedidos de información sobre una caja de seguridad y dos cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner, donde hace una década se encontraron más de 4 millones de dólares. El TOF 2 otorgó un plazo perentorio de 24 horas al banco para responder, bajo apercibimiento de ley.
