Daniela Durán, quien se desempeñó como directora jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue trasladada este martes desde la ciudad de Santa Cruz hacia la sede de Gobierno, La Paz. La exfuncionaria deberá comparecer ante un juez cautelar en una audiencia que definirá su situación jurídica, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal en su contra por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La Fiscalía General del Estado ha solicitado que Durán sea sometida a seis meses de detención preventiva en el centro penitenciario de Palmasola. Esta solicitud se fundamenta en el argumento de que existen riesgos procesales significativos, específicamente la posibilidad de fuga y la posible obstaculización de la investigación en curso. El proceso judicial se enmarca en la denominada investigación por la 'gasolina basura', referente a la comercialización de combustible de mala calidad que provocó daños severos en los motores de diversos vehículos en varios departamentos del país.
El traslado de la exdirectora jurídica a La Paz ocurrió durante la madrugada de este martes a través de un vuelo comercial de la empresa Boliviana de Aviación (BoA), bajo estricta custodia policial. Este movimiento representa un giro en la estrategia procesal inicialmente comunicada por las autoridades. El lunes pasado, el fiscal Alberto Hurtado había informado que Durán permanecería en Santa Cruz y que, dado que el proceso judicial está radicado en la capital, la audiencia cautelar se llevaría a cabo de manera virtual. No obstante, la decisión final fue el traslado físico de la imputada para que la autoridad jurisdiccional de La Paz determine si procede la detención preventiva o si se disponen otras medidas sustitutivas.
La aprehensión de Daniela Durán se produjo el lunes, luego de que ella misma se presentara de manera voluntaria ante el Ministerio Público para brindar su declaración. Según la imputación formal, la Gerencia Legal de YPFB, área que Durán encabezaba, poseía una función transversal de asesoramiento, siendo responsable de la elaboración y revisión de los contratos de la estatal petrolera. El Ministerio Público sostiene que, debido a su posición jerárquica, la exfuncionaria tenía el deber especial de actuar con diligencia respecto a todos los actos jurídicos que pasaban por su conocimiento.
El documento de imputación enfatiza que esta responsabilidad era particularmente crítica en el caso de contratos de alto impacto económico y actividades reguladas. En este sentido, la investigación busca esclarecer si existieron responsabilidades directas o negligencias en la adquisición e importación del combustible que posteriormente fue identificado como gasolina desestabilizada o de mala calidad, afectando a los consumidores finales.
Cabe destacar que Daniela Durán no es la única persona bajo la lupa de la justicia en este complejo caso. El proceso ha alcanzado a otras altas autoridades y ejecutivos. Entre ellos se encuentra el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien fue aprehendido en una etapa anterior del proceso, aunque posteriormente logró obtener medidas para defenderse en libertad.
Asimismo, la investigación involucra a otros ejecutivos clave de la empresa estatal, tales como Eddy Rolando Torrico Ibáñez, gerente general de YPFB Logística; Nelson Alejandro Mendoza, gerente comercial de YPFB; y Carlos Cuéllar Pinto, gerente de Productos Derivados e Industrialización. La Fiscalía busca determinar la cadena de responsabilidades en la gestión de los combustibles.
De manera paralela, el Ministerio Público está indagando una denuncia adicional relacionada con la presunta compra de combustible con sobreprecio a las empresas internacionales Trafigura y Vitol, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación sobre la gestión administrativa y financiera de YPFB.
La audiencia de este martes será determinante para el futuro legal de Daniela Durán y para el avance de un caso que ha generado numerosas quejas y reclamos por parte de propietarios de vehículos perjudicados por la calidad del combustible comercializado.
