La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó formalmente una denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, acusándolos de presunta malversación de caudales públicos y otros delitos relacionados con la gestión de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial). La acción judicial surge luego de que el propio Gobierno admitiera que una parte de los fondos destinados legalmente a la infraestructura de las rutas nacionales fue redirigida para alcanzar el objetivo de "equilibrio fiscal".
En el documento presentado, la legisladora de Unión por la Patria (UP) solicitó que la Justicia investigue si los funcionarios de la actual gestión incurrieron en malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El foco de la investigación se centra en la gestión de 1,038 billones de pesos del SisVial que, según la denuncia, no fueron aplicados a la construcción ni al mantenimiento de las rutas y obras viales nacionales.
Los datos técnicos aportados en la denuncia revelan una brecha significativa entre la recaudación y la inversión real. Según Tolosa Paz, el SisVial recaudó un total de 1,503 billones de pesos durante un período de dos años y medio, pero solo destinó 394.406 millones de pesos a su fin específico. Esta cifra representa una subejecución del 73,8%. El detalle anual profundiza la preocupación: en 2024 se ejecutó apenas el 11,3% de los recursos asignados; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, la ejecución alcanzó solo el 18,5%.
La denuncia, respaldada por datos revelados previamente por el diario LA NACION, señala que al 31 de mayo último, 1,001 billones de pesos se encontraban colocados en inversiones financieras, distribuidos entre plazos fijos y títulos públicos. Adicionalmente, otros 37.761 millones de pesos permanecían en una cuenta corriente. Tolosa Paz sostiene que es necesario determinar la cantidad exacta de dinero que ingresó al fideicomiso, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de aquellos recursos que podrían haber sido retenidos antes de ingresar formalmente a las cuentas del sistema.
Este planteo adquiere relevancia jurídica debido a que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció públicamente que el Ministerio de Economía dispone de una parte de los impuestos que alimentan el SisVial para lograr el equilibrio fiscal. No obstante, el funcionario no pudo precisar qué proporción de esos fondos queda efectivamente destinada al mantenimiento vial. La denuncia busca establecer si esta maniobra es compatible con la afectación específica de los recursos y quién fue el funcionario responsable de impartir dichas instrucciones.
La diputada subrayó que estos recursos tributarios tienen un destino legal específico e irrevocable: el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional. “Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, afirmó la legisladora.
Como ejemplo concreto de esta situación, la denuncia cita las obras en las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el préstamo CAF 11744. Este programa incluye trabajos en la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha, y en la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs. El esquema de financiamiento prevé un 70% de fondos externos y un 30% de contraparte local. Sin embargo, informes de auditoría de 2024 indican que la ejecución de la contraparte local fue del 0%, a pesar de existir recursos disponibles en el SisVial.
El estado de avance de estas obras refleja la demora mencionada. A mayo de 2026, la obra de la RN5 entre Mercedes y la Variante Suipacha registraba un avance físico del 16,89% y uno financiero del 11,36%. En otro tramo de la misma ruta, entre el distribuidor de la RP 41 y el kilómetro 104, el avance físico era de solo 0,88% a diciembre de 2025, aunque el contrato debía finalizar en octubre de ese año. Por su parte, el tramo de la RN3 entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs alcanzó un avance físico del 26,95% a mayo de 2026.
La problemática ha generado reclamos transversales. Desde febrero de 2025, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto a varios intendentes, ya había recurrido al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1 de San Martín para cuestionar el destino de la recaudación del impuesto a los combustibles, señalando que un tercio de dicho impuesto debe ir por ley al arreglo de rutas.
En la misma línea, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) denunció el uso "discrecional e ilegítimo" de los fondos, estimando que con esos recursos se podrían haber rehabilitado 3.000 kilómetros de rutas y mantenido otros 22.000 kilómetros adicionales. Asimismo, Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, demandó que la Casa Rosada rinda cuentas por el incumplimiento de la ley y la reducción de transferencias a las provincias y subsidios al transporte.
Finalmente, Tolosa Paz solicitó a la Justicia medidas urgentes para preservar la documentación vinculada a la gestión de fondos desde enero de 2024. Esto incluye la conservación de correos electrónicos, expedientes administrativos, registros contables y bancarios, así como la certificación de los saldos actuales de las cuentas del SisVial y sus inversiones.
