El Ministerio Público ha emitido un comunicado oficial para brindar claridad sobre las circunstancias que llevaron a que un sujeto, sospechoso de robo agravado, no contara con vigilancia policial en el momento en que fue víctima de un ataque violento dentro de las instalaciones del Hospital La Anexión. Este suceso, que culminó con el asesinato del detenido, ha generado interrogantes sobre los protocolos de seguridad aplicados a las personas bajo proceso judicial que requieren atención médica.
De acuerdo con la información suministrada por la oficina de prensa del ente judicial, el individuo había sido detenido inicialmente el pasado 3 de agosto. Sin embargo, su situación procesal y el régimen de seguridad que se le aplicaba sufrieron una modificación significativa debido a un problema de salud. El sujeto presentaba una fractura que requería una intervención quirúrgica obligatoria, razón por la cual fue trasladado al centro asistencial. Este traslado médico fue el punto de partida para un cambio en los protocolos de custodia.
La autoridad judicial detalló que la decisión de suspender la vigilancia policial permanente no fue arbitraria, sino que se fundamentó en una valoración técnica de riesgos realizada por las autoridades competentes. Tras este análisis, se determinó que el escenario no ameritaba el despliegue de agentes de seguridad en el hospital.
Uno de los argumentos centrales expuestos por la Fiscalía para justificar la ausencia de custodia fue la inexistencia de un peligro real de fuga. Según el criterio de los funcionarios, las condiciones físicas y el estado de salud del paciente, quien se encontraba incapacitado debido a su lesión y la cirugía pendiente, hacían prácticamente imposible que intentara evadir la justicia por sus propios medios desde el centro médico.
Para garantizar que el proceso judicial continuara una vez superada la crisis de salud, la Fiscalía implementó una medida administrativa. Se instruyó formalmente a las autoridades del Hospital La Anexión para que notificaran de manera inmediata a las autoridades judiciales antes de otorgar el alta médica al paciente. El objetivo primordial de esta instrucción era coordinar la detención inmediata del sujeto y su posterior presentación ante los tribunales en el momento en que estuviera plenamente recuperado y en condiciones de enfrentar su proceso por robo agravado.
Asimismo, el Ministerio Público enfatizó que otro factor determinante para retirar la vigilancia fue la ausencia total de amenazas previas contra la vida del detenido. Las autoridades judiciales confirmaron que, tras revisar los expedientes y la información disponible, no existía ningún indicio, alerta o dato que permitiera presumir que el ahora fallecido pudiera ser blanco de un atentado contra su integridad física mientras se encontraba internado.
En el mismo sentido, se aclaró que el sujeto no formaba parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, lo que implicaba que no existía un riesgo extraordinario asociado a su testimonio o participación en otros casos. Además, el detenido no había manifestado ante la Fiscalía ninguna situación particular, temor o amenaza específica que justificara la implementación de medidas especiales de protección durante su estancia en el hospital.
Finalmente, el ente judicial destacó que, al analizar los antecedentes del hombre, no se encontraron vínculos con estructuras del crimen organizado, lo que reforzó la percepción de que no se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a grupos criminales.
A pesar de estas aclaraciones sobre la custodia, el hecho del asesinato sigue siendo el foco principal de las autoridades. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene una investigación activa y exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio ocurrido dentro del recinto hospitalario, con el fin de identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque.
