En el mercado cambiario ha comenzado a operar una pulseada, hasta ahora silenciosa, entre dos fuerzas opuestas que disputan la dirección del precio del dólar. Por un lado, se encuentra la demanda proveniente de ahorristas, inversores y empresas que buscan girar dividendos; por el otro, el Banco Central (BCRA), que ha activado sus mecanismos de defensa con el objetivo claro de trazar un límite para el tipo de cambio mayorista en torno de los $1.500.
Si bien los operadores del mercado aún no califican este escenario como un episodio de tensión cambiaria similar a los ocurridos antes de elecciones legislativas, diversos analistas han encendido una "luz amarilla". Esta alerta se fundamenta en una serie de indicios técnicos, entre los que destaca un incremento acelerado en la demanda de cobertura cambiaria mediante bonos y la necesidad del Tesoro de vender divisas en el mercado para aplacar la demanda. En este contexto, el BCRA ha limitado sus compras al mínimo indispensable para evitar presionar el valor de referencia.
El Gobierno ha estado construyendo una suerte de "trinchera" financiera para afrontar los meses de mayor demanda de divisas. En este parapeto cuenta con diversas herramientas que, según sospechan en el mercado, ya han comenzado a ser desplegadas. El tipo de cambio mayorista ha orbitado las semanas recientes alrededor de los $1.500, nivel que es interpretado como el techo que la administración procura defender mientras persiste una elevada demanda privada de divisas.
Esta dinámica, aunque prematura, no es inesperada, ya que los procesos electorales suelen impulsar la búsqueda de cobertura ante posibles cambios de escenario. No obstante, el Gobierno intenta transmitir confianza asegurando que cuenta con una capacidad de respuesta superior a la de turnos anteriores. El argumento oficial se basa en un Banco Central con mayor "poder de fuego" y un menú de opciones para amortiguar tensiones sin recurrir a intervenciones drásticas, como ventas masivas de reservas o préstamos del Tesoro norteamericano.
Las señales de esta estrategia se hicieron evidentes recientemente. El martes de la semana pasada, el Banco Central dejó de comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios por primera vez desde enero. Simultáneamente, estimaciones privadas sugieren que el Tesoro vendió aproximadamente US$146 millones en el mercado contado, sumado a un manejo más activo de la liquidez en pesos y una mayor presencia en bonos del Tesoro atados al dólar.
Desde la consultora 1816 señalan que estas medidas indican que el Ejecutivo no desea que el tipo de cambio supere los $1.500. Sin embargo, advierten que, a pesar de las intervenciones y de un contexto internacional favorable para las monedas emergentes, el dólar mayorista sigue operando cerca de ese umbral. Esto plantea un interrogante central para inversores y analistas: hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a sacrificar las tasas de interés para sostener la estabilidad cambiaria. Según 1816, existe una disyuntiva (trade off) entre ambos objetivos, recordando que en 2025 ya se había priorizado la contención cambiaria incluso aceptando subas fuertes en las tasas de corto plazo.
La estabilidad del tipo de cambio es vista como un ancla fundamental para la inflación y la demanda de activos en pesos. Al respecto, Portfolio Personal Inversiones (PPI) calcula que durante julio el sector público consolidado aumentó en unos US$5.000 millones la oferta de instrumentos de cobertura, principalmente a través de bonos dólar linked y títulos duales. El stock total de cobertura ya alcanza los US$11.240 millones, habiendo crecido más de US$8.000 millones desde finales de mayo. PPI destaca que esta expansión es llamativa considerando que falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027.
Por su parte, la consultora LCG observa que en los primeros días de agosto crecieron el interés por los contratos de dólar futuro y el volumen en bonos dólar linked, lo que interpretan como señales de mayor intervención oficial. A pesar de esto, las expectativas implícitas de devaluación se mantienen por debajo del 2% mensual para los próximos meses.
En cuanto a las reservas internacionales, estas muestran una mejora respecto al inicio del año, situándose en la zona de los US$49.000 millones tras el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional. El Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA, presidido por Santiago Bausili, afirmó que en los primeros siete meses del año se fortaleció el margen de acción mediante la recomposición de mecanismos de intervención, incluyendo la recuperación del mercado de futuros y los swaps de monedas. Esta mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera superaría los US$20.000 millones.
A este esquema se suma la renovación por cinco años del swap con el Banco Popular de China por US$19.000 millones, lo que refuerza el respaldo de las reservas. En paralelo, el Gobierno ha habilitado el giro de utilidades al exterior tras siete años, permitiendo que las empresas remitieran unos US$3.300 millones en dividendos entre enero y julio, principalmente compañías de minería y energía.
Finalmente, el BCRA detectó que, a diferencia de 2025, el 75% de los dólares adquiridos por ahorristas para atesoramiento permanece depositado en el sistema financiero, con una demanda promedio mensual de US$1.100 millones (sin contar tarjetas de crédito). En este escenario de tira y afloje, el Gobierno ha mostrado sus cartas y su disposición para utilizar las herramientas disponibles con el fin de mantener la estabilidad del precio del dólar.
