En una sesión de trabajo llevada a cabo en las instalaciones del Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, manifestó la determinación de su administración para combatir la inseguridad ciudadana. Durante el encuentro, la mandataria fue enfática al señalar que su Gobierno actuará "con mucha fuerza" contra los elementos delincuenciales, con el objetivo primordial de asegurar que estos "terminen en prisión".
La reunión de alto nivel contó con la presencia de figuras clave del Poder Ejecutivo y el sistema de justicia. Entre los asistentes se encontró el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el primer ministro, Luis Galarreta. Asimismo, participaron los titulares de carteras estratégicas para la seguridad y la legalidad: César Astudillo, ministro del Interior; Rafael Belaúnde, ministro de Defensa; y Ernesto Álvarez, ministro de Justicia. El encuentro también sumó la participación de la fiscal suprema Patricia Benavides, junto a otras autoridades del Estado.
En el marco de este diálogo, la presidenta Fujimori resaltó la importancia de la comunicación interinstitucional como eje fundamental para alcanzar los objetivos de seguridad. "Lo más importante es que todos podamos escucharnos. Quiero que los ciudadanos sepan que iremos con mucha fuerza para que los delincuentes terminen en prisión, para eso es fundamental articular entre todas las instituciones", declaró la jefa de Estado, subrayando que la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio Público es vital para lograr resultados tangibles en la lucha contra el crimen.
Paralelamente al enfoque en la seguridad ciudadana, la presidenta informó sobre el próximo paso legislativo que emprenderá su gestión. Fujimori señaló que su gobierno presentará ante el Congreso de la República un pedido de delegación de facultades legislativas. Aunque la fecha oficial para este anuncio aún se encuentra pendiente de confirmación, la mandataria detalló que dicha solicitud tiene propósitos específicos y urgentes.
El pedido de facultades legislativas se centrará en tres ejes principales. En primer lugar, busca la implementación de medidas concretas y efectivas para combatir la criminalidad que afecta al país. En segundo lugar, el Gobierno pretende establecer acciones para enfrentar los efectos derivados del Fenómeno El Niño, anticipándose a los riesgos climáticos. Finalmente, la solicitud contempla el fortalecimiento y la modernización de las diversas instituciones que conforman el aparato del Estado peruano, buscando una gestión más eficiente.
En cuanto a la relación con el sistema de administración de justicia, la presidenta Fujimori aseguró que el Gobierno se posicionará como un aliado estratégico. Afirmó que la intención es "ayudarlos, empoderarlos y darles los recursos que ellos necesitan", reconociendo que la operatividad de la justicia requiere de un soporte material y técnico adecuado. No obstante, la mandataria dejó claro que, a pesar de este apoyo, la prioridad absoluta del Estado debe ser "velar por la seguridad de los ciudadanos".
Para concretar esta visión de una justicia más eficiente, la presidenta anunció que se están articulando mesas de diálogo. El propósito de estos espacios de concertación es resolver nudos críticos, agilizar los procesos judiciales y garantizar que la justicia "se vea, se sienta y sea más rápida", respondiendo así a la demanda social de celeridad en los procesos penales.
Finalmente, la presidenta Fujimori reiteró su compromiso con el equilibrio de poderes. En este sentido, anunció que en los próximos días sostendrá una reunión con la presidenta del Poder Judicial. La mandataria subrayó que este acercamiento se realizará en absoluto respeto a la autonomía e independencia de los poderes del Estado, manteniendo la separación institucional mientras se busca una coordinación efectiva en beneficio de la seguridad nacional.
