El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado formalmente el fallecimiento de dos personas privadas de libertad en el estado Zulia, quienes se encontraban recluidas en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, recinto anteriormente conocido como el retén de El Marite. Las víctimas han sido identificadas como Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas.
De acuerdo con la información suministrada por la organización no gubernamental, ambos decesos se produjeron durante el transcurso del mes de julio. La ONG sostiene que estas muertes habrían sido el resultado directo de complicaciones severas de salud, las cuales se agravaron debido a la ausencia de una atención médica oportuna y adecuada dentro de las instalaciones del centro penitenciario.
La situación en el recinto del Dr. Francisco Delgado es especialmente alarmante, ya que los casos de Rincón Cumares y Vargas no son aislados. Al sumar estas dos defunciones al fallecimiento de Yoandry Medina González, quien ya había sido documentado previamente, la cifra de reclusos muertos durante el mes de julio en este centro penitenciario asciende a tres personas.
Este escenario en el estado Zulia se inserta en un contexto nacional crítico. El OVP destacó que estas recientes muertes elevan a 51 el total de personas privadas de libertad que han perdido la vida a causa de la desatención médica en diversos centros de reclusión de Venezuela durante el periodo comprendido entre abril y julio de 2026. La organización resalta un dato preocupante: gran parte de estos fallecimientos estarían vinculados a patologías que son tratables o prevenibles. Entre las enfermedades mencionadas en los reportes de la ONG se encuentran la tuberculosis, cuadros de deshidratación severa y procesos diarreicos agudos.
Paralelamente a la crisis sanitaria, el Observatorio alertó sobre las condiciones extremas de sobrepoblación que afectan al centro de El Marite. Según los datos manejados por la organización, la infraestructura del recinto fue diseñada originalmente para albergar a un promedio de 700 privados de libertad. No obstante, la realidad actual es muy distinta, ya que en el lugar conviven más de 1.000 personas.
Este desfase numérico implica que la capacidad ocupacional del centro ha superado el 143%, lo que se traduce en un nivel de hacinamiento que sobrepasa el 43%. Para el OVP, estas cifras no son meros datos estadísticos, sino una evidencia clara de la crisis humanitaria que atraviesa el sistema carcelario venezolano. Según la organización, este panorama refleja una vulneración sistemática de los derechos humanos de la población penal, situación que se ha mantenido durante los 15 años de gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Ante la gravedad de los hechos, la ONG recordó que el Estado venezolano posee la obligación constitucional de garantizar y velar por la vida, la salud y la integridad física de todos los ciudadanos que se encuentran bajo su custodia, independientemente de su condición jurídica.
En consecuencia, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha instado formalmente al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que actúen de manera inmediata. La organización solicita el inicio de investigaciones exhaustivas sobre la gestión penitenciaria actual, con el objetivo de determinar las causas exactas de los decesos reportados y establecer las responsabilidades correspondientes de aquellos funcionarios o entes encargados del cuidado de los reclusos.
