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Luis Cordero advierte riesgos institucionales por despliegue de Fuerzas Armadas contra el crimen organizado

El exjefe de la cartera de Seguridad afirmó que el modo en que las policías encaran las situaciones criminales suponen entrenamientos y procedimientos que tienen protocolos que las Fuerzas Armadas desconocen.

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Luis Cordero advierte riesgos institucionales por despliegue de Fuerzas Armadas contra el crimen organizado

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha manifestado sus profundas preocupaciones respecto a la implementación de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una iniciativa impulsada por el Presidente José Antonio Kast. Durante una entrevista concedida a CNN Chile este jueves por la noche, el abogado y exsecretario de Estado analizó los riesgos inherentes al nuevo estado de excepción constitucional que el Gobierno evalúa, poniendo especial énfasis en el rol que desempeñarían las Fuerzas Armadas en este esquema de seguridad interior.

Para Cordero, la propuesta gubernamental no es inocua, sino que implica riesgos estructurales significativos. En primer lugar, señaló que esta medida representa el reconocimiento de una transformación de las Fuerzas Armadas hacia funciones de orden y seguridad pública interior. Según el exministro, este cambio no es meramente operativo, sino que conlleva una transformación desde el mandato constitucional, lo que a su vez impacta directamente en la etapa de preparación de los efectivos militares.

Uno de los puntos neurálgicos del análisis de Cordero es la diferencia fundamental entre la labor policial y la militar. El exministro fue enfático al afirmar que el entrenamiento requerido para las tareas policiales es diametralmente distinto a la forma y el modo en que son educadas las Fuerzas Armadas. Esta distinción se debe a que ambas instituciones cumplen roles institucionales distintos, diseñados para escenarios diferentes. En este sentido, advirtió que lanzar una iniciativa de tales características sin dimensionar estos aspectos conlleva un riesgo muy elevado, ya que las policías operan bajo un conjunto de entrenamientos y procedimientos basados en protocolos específicos que las Fuerzas Armadas desconocen.

Más allá de la capacidad técnica, Luis Cordero hizo un llamado a la reflexión sobre la temporalidad de las instituciones frente a la temporalidad de los gobiernos. El abogado sostuvo que es fundamental que la política comprenda que tanto las instituciones policiales como las Fuerzas Armadas se basan en períodos de "largo aliento", los cuales superan la duración de una sola administración. Bajo esta premisa, alertó que tomar decisiones apresuradas o erróneas que perjudiquen a estas instituciones sería sumamente negativo para el país a largo plazo, especialmente ante la posibilidad de que los estamentos castrenses asuman el control del combate contra el crimen organizado.

En el plano jurídico, Cordero introdujo una advertencia sobre lo que denominó "estados Frankenstein". Con esta metáfora, el exministro se refirió al peligro de trasladar una figura legal o administrativa de un ámbito a otro donde no existen precedentes claros ni elementos consistentes de desarrollo. Esta improvisación normativa, a su juicio, podría generar inestabilidad en la aplicación de la ley y en la gestión de la seguridad pública.

Finalmente, el exministro abordó la problemática del mando y la posible fricción entre Carabineros y las Fuerzas Armadas. Cordero señaló que las autoridades civiles suelen desconocer dos criterios fundamentales sobre los que descansan estas instituciones: la jerarquía y las doctrinas internas. Explicó que el concepto de mando en estas entidades no es una cuestión declarativa, sino la base real sobre la cual funcionan.

Al sumar a esto las doctrinas internas, contempladas en las leyes orgánicas de cada institución, Cordero advirtió sobre el peligro de subordinar una institución jerarquizada con su propia estructura de mando y doctrina a otra entidad. Según el exministro, una acción de este tipo no solo sería un error operativo, sino que generaría una distorsión institucional de gran magnitud, comprometiendo la cohesión y la eficiencia de los organismos encargados de la seguridad del Estado.

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