La República de Cuba atraviesa una de sus crisis más profundas, marcada por un colapso energético que ha llevado al Gobierno cubano a reconocer que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica". En La Habana, los apagones han superado las 22 horas diarias, mientras que en el resto del país se registran cortes de electricidad durante dos días consecutivos, afectando gravemente la vida cotidiana de la población.
Este deterioro decisivo se originó a raíz de la intervención estadounidense en Venezuela a principios de año, hecho que provocó la interrupción de los suministros de petróleo venezolano. Estos cargamentos eran vitales para la isla, ya que representaban más del 60% de sus importaciones petroleras. De forma paralela, Washington ha ampliado las sanciones contra aquellos países y empresas que mantienen su apoyo al régimen cubano, con el objetivo explícito de limitar el margen de maniobra económico y político de La Habana.
La estrategia de la administración Trump busca forzar una transición política y económica. Para Estados Unidos, este cambio debe traducirse en la apertura de la economía, la liberación de los presos políticos y la creación de oportunidades de inversión para empresas estadounidenses. A largo plazo, Washington aspira a la instauración de un gobierno que adopte una postura cooperativa. No obstante, aún no se ha definido si este proceso se llevará a cabo integrando a parte del régimen actual o mediante su sustitución total.
Esta política exterior se enmarca en una versión modernizada de la Doctrina Monroe, donde Cuba es percibida como uno de los últimos adversarios autoritarios en América Latina. A diferencia de otros países de la región, la isla posee una estructura de poder sumamente cohesionada. El mando no recae únicamente en el presidente Díaz-Canel, sino en una red entrelazada que incluye al Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el aparato de seguridad y agentes económicos. En este esquema, el conglomerado GAESA, vinculado al ejército, constituye la principal base del poder económico. Asimismo, el expresidente Raúl Castro continúa ejerciendo una influencia estratégica considerable, hecho subrayado por su condena en un tribunal estadounidense en mayo de 2026.
Actualmente, Washington mantiene una estrategia de máxima presión económica y política. El plan es elevar los costos de permanencia en el poder para que la élite gobernante acepte una transición ordenada, evitando así un colapso repentino del Estado o la necesidad de una intervención militar inmediata. Aunque el régimen ha aprobado recientemente reformas económicas que abren sectores clave a privados y capital extranjero —medidas que parecían inimaginables hace años—, Estados Unidos las interpreta como concesiones limitadas para ganar tiempo y mitigar la presión.
A pesar de que la presión económica no ha sido suficiente en el pasado, la gravedad de la crisis humanitaria actual y la intensidad de las sanciones han cambiado el panorama. Si no se logran resultados tangibles en los próximos meses, es probable que aumenten las demandas internas en la administración Trump por medidas más contundentes. El presidente Trump ha mencionado repetidamente la posibilidad de una intervención militar, una opción que hoy parece más realista debido al desplazamiento de las prioridades estratégicas de EE.UU. desde Irán hacia el hemisferio occidental.
El malestar social es evidente en las estadísticas: encuestas indican que el 77% de los cubanos desea una transición hacia una democracia liberal y una economía de mercado, mientras que más del 60% recibiría favorablemente una intervención de EE.UU. que derroque al régimen. Sin embargo, este descontento no se ha traducido en protestas masivas nacionales. Esto se debe, en primer lugar, a que la población está absorta en la lucha diaria por la supervivencia, buscando alimentos y medicinas, y en segundo lugar, a la eficacia del aparato represivo que inhibe la oposición abierta mediante la detención de presos políticos.
La manifestación más clara de rechazo ha sido la migración. Desde 2019, aproximadamente tres millones de personas han abandonado la isla, mayoritariamente jóvenes, dejando atrás una población envejecida que agrava los problemas económicos.
Finalmente, se advierte que un eventual cambio de régimen no garantizaría una transición automática hacia la democracia. Cuba carece de partidos independientes, sindicatos autónomos y una sociedad civil fuerte, ya que han sido debilitados sistemáticamente. Un vacío institucional sería probable, y aunque la diáspora en EE.UU. posee el capital y la experiencia para ayudar en la reconstrucción, su fragmentación interna representa un desafío. El éxito a largo plazo dependerá de la creación de un poder judicial independiente y el respeto al Estado de derecho, procesos en los que la Unión Europea y Alemania podrían desempeñar un papel crucial mediante el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
