El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo y complejo escenario de controversia tras la filtración de una serie de grabaciones atribuidas a Eva Ferrer Galcerán. La exfuncionaria, quien se desempeñó como consejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación y mantuvo durante años una relación de estrecha confianza con la primera dama, Verónica Alcocer, expone en estos audios una cadena de denuncias que involucran directamente al círculo más cercano de la esposa del mandatario.
A través de una investigación publicada por la revista SEMANA, se han dado a conocer revelaciones que apuntan a un manejo irregular de recursos, presuntas influencias en entidades del Estado, nombramientos cuestionables y la existencia de testaferros. Según el relato de Ferrer, estas dinámicas habrían estado presentes tanto durante la campaña presidencial de 2022 como en los primeros años de la actual administración gubernamental.
Uno de los puntos más críticos de las grabaciones se refiere a la financiación de la campaña electoral. Eva Ferrer afirma que el empresario catalán Manel Grau habría entregado la suma de dos millones de euros a Verónica Alcocer durante el proceso electoral de 2022. La exconsejera sostiene que estos recursos fueron gestionados por el entorno íntimo de la primera dama y que, a su juicio, el destino y el uso de dicho dinero nunca fueron aclarados. Ferrer asegura tener conocimiento de esta operación debido a la cercanía que sostuvo con Alcocer durante un periodo prolongado.
En la misma línea de financiación, Ferrer menciona que Manel Grau habría destinado otros 700.000 euros para cubrir costos operativos de índole política y comunicacional. Estos fondos habrían sido utilizados para el pago de asesores, la realización de estudios de opinión, la gestión de bodegas digitales en redes sociales y la organización de movilizaciones alineadas con el proyecto político del petrismo. Según la denunciante, la administración de estos recursos estuvo a cargo de personas cercanas a la primera dama.
Las grabaciones también describen el manejo de sumas considerables de dinero en efectivo. Ferrer relata que personas de confianza dentro del entorno de Verónica Alcocer le informaron sobre la existencia de recursos almacenados en bolsas y cajas. Aunque la exfuncionaria reconoce que no vio el dinero personalmente, enfatiza que el origen y el destino de estos fondos generaban inquietudes incluso dentro del propio círculo interno, ya que no correspondían a movimientos financieros convencionales.
Más allá del manejo de efectivo, Ferrer denuncia la existencia de una estructura diseñada para administrar bienes y recursos mediante el uso de intermediarios. En los audios, menciona explícitamente a familiares de Verónica Alcocer y a un ciudadano de nacionalidad italiana como presuntos testaferros en diversas operaciones económicas. La gravedad de sus afirmaciones llega al punto de calificar a este entorno como una “banda de criminales”. Asimismo, Ferrer asegura haber recibido amenazas cuando comenzó a cuestionar estas situaciones, razón por la cual decidió conservar registros y conversaciones por motivos de seguridad.
En cuanto a la gestión pública, la exfuncionaria se refiere a su paso por la Consejería Presidencial para la Reconciliación. Ferrer sostiene que en dicho despacho desaparecieron aproximadamente 1.000 millones de pesos en efectivo, los cuales habrían salido a través de la ejecución de contratos y proyectos. Adicionalmente, denuncia que existieron presuntos cobros para otorgar cargos públicos e irregularidades en la contratación de personal, situaciones que, según ella, eran conocidas por diversos miembros del Gobierno sin que se implementaran correctivos.
La influencia de Verónica Alcocer en el aparato estatal es otro de los ejes centrales de las denuncias. Ferrer afirma que la primera dama ejercía poder en entidades estratégicas como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian. En este sentido, señala que ciertos nombramientos de altos funcionarios dependían de la aprobación de este círculo cercano. Como ejemplo, menciona el caso de Ricardo Roa, asegurando que su llegada a la presidencia de Ecopetrol estuvo ligada a haber favorecido a Alcocer con recursos económicos durante la campaña presidencial de 2022.
Finalmente, los audios detallan el estilo de vida de la primera dama, indicando que sus gastos mensuales ascendían a unos 50.000 euros, incluyendo pagos por viajes internacionales y reuniones. Eva Ferrer reclama que ella misma tuvo que gestionar recursos para cubrir actividades de la campaña y del Gobierno, y denuncia la existencia de deudas económicas pendientes que nunca le fueron canceladas, lo que eventualmente provocó el deterioro de su relación con Alcocer.
