La comunidad de familiares, amigos y compañeros de clase de Yexer, un estudiante de nacionalidad venezolana que fue víctima de un asesinato, ha manifestado su profundo malestar y cuestionado el accionar de la justicia chilena. La indignación surge a raíz de las recientes decisiones judiciales relacionadas con los dos jóvenes implicados en el crimen, uno de los cuales ha recibido una medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que el segundo involucrado permanece prófugo de la justicia.
Los hechos se desencadenaron en las inmediaciones del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, ubicado en la comuna de San Bernardo. Según la información recopilada y difundida por el portal Crónicas de Chile, Yexer fue atacado por dos de sus propios compañeros de institución educativa. El ataque ocurrió el pasado viernes, dejando al estudiante herido de muerte tras recibir diversas puñaladas.
En cuanto al proceso judicial, se ha confirmado que uno de los implicados, un adolescente de 17 años de edad, se entregó a las autoridades policiales acompañado por su madre. Tras ser formalizado, el tribunal decidió concederle la medida de arresto domiciliario. Esta decisión se fundamentó en los argumentos presentados por la fiscal de San Bernardo, Natalia González, quien detalló la dinámica del crimen durante la audiencia.
De acuerdo con la fiscalía, la participación del joven de 17 años consistió en empujar a Yexer. Según la tesis fiscal, este empujón fue la acción que permitió y facilitó que el otro implicado, un menor de 15 años, aprovechara la situación para apuñalar a la víctima. Ante este escenario, la fiscal González calificó la intervención del joven de 17 años como una participación "más bien residual", razón por la cual solicitó que el imputado permaneciera bajo arresto domiciliario en lugar de una medida más severa.
El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y otorgó el arresto domiciliario al adolescente, imponiéndole además la prohibición estricta de acercarse a la familia de la víctima. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de 180 días para que se lleve a cabo la investigación correspondiente, tiempo en el cual se deberán reunir todas las pruebas necesarias para esclarecer el caso.
Paralelamente, los organismos policiales continúan desplegando operativos de búsqueda para dar con el paradero del autor material del hecho. El adolescente de 15 años, señalado como la persona que ejecutó la puñalada, se encuentra prófugo desde el mismo viernes en que se produjo el ataque, lo que ha incrementado la tensión y la sensación de impunidad entre los allegados al joven venezolano.
Uno de los puntos más críticos y dolorosos de este caso es la revelación de que el ataque no fue un evento imprevisto. Diversos testigos han señalado que Yexer había sido amenazado previamente por los dos estudiantes involucrados. Lo más grave es que, según los testimonios, los compañeros de clase habían alertado a los docentes sobre estas amenazas. Sin embargo, se denuncia que ninguno de los profesores intervino ni tomó medidas preventivas que pudieran haber evitado el desenlace fatal.
Esta negligencia institucional, sumada a la medida de arresto domiciliario otorgada al cómplice, ha llevado a que el entorno de Yexer exprese su desconfianza hacia el sistema judicial chileno. La familia y los amigos del estudiante consideran que la calificación de "residual" para la acción de empujar a la víctima no refleja la gravedad del resultado final: la pérdida de una vida humana.
Actualmente, la comunidad educativa de San Bernardo y los familiares de la víctima permanecen atentos al avance de la investigación y a la captura del menor prófugo, mientras exigen que el proceso se lleve a cabo con rigor y que se haga justicia por la muerte del estudiante venezolano.
