Jair Estupiñán Montaño, ampliamente conocido bajo el alias de "Pecueca", se encuentra en la etapa final de su proceso judicial en Costa Rica. El exguerrillero colombiano, quien ha sido identificado como uno de los narcotraficantes de mayor perfil y peligrosidad capturados en territorio costarricense en los últimos años, está a un paso de afrontar un juicio formal por los presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.
La audiencia preliminar, en la cual se han analizado detalladamente la acusación y el conjunto de pruebas presentadas por el Ministerio Público, está próxima a concluir. Este proceso, que inició en el pasado mes de abril, ha tenido un desarrollo extenso durante varios meses, y según fuentes cercanas al caso, la diligencia se encuentra ya en su fase final.
El perfil de Estupiñán Montaño es complejo. Originario de Buenaventura, Colombia, y nacionalizado costarricense, formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización que utilizó el narcotráfico para financiar sus operaciones bélicas durante años. Su trayectoria criminal incluye vínculos directos con organizaciones internacionales de gran escala, específicamente el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Norte del Valle. Debido a estas actividades, Pecueca ya cumplió una condena en Estados Unidos, donde fue acusado de coordinar el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia México, utilizando Panamá y Costa Rica como puntos de tránsito mediante embarcaciones y semisumergibles.
Más allá de sus actividades delictivas transnacionales, el caso de "Pecueca" ha tocado fibras políticas en Costa Rica. Se ha revelado que, a finales de 2022, mientras Jorge Torres se desempeñaba como ministro de Seguridad en el gabinete del exmandatario Rodrigo Chaves, recibió una visita de Celso Gamboa, quien ya ha sido extraditado. Durante dicho encuentro, Gamboa aseguró poseer información sobre el paradero de Alejandro Arias Monge, alias "Diablo", un peligroso criminal prófugo en aquel momento. Gamboa asistió a la reunión acompañado de Pecueca, quien era su cliente legal. Según las investigaciones, la presencia del exguerrillero tenía como objetivo intimidar al entonces jerarca mediante amenazas veladas contra su familia, con el fin de evitar que los oficiales de la Fuerza Pública detuvieran a Pecueca de manera constante.
El desplome de su estructura criminal ocurrió en noviembre de 2023, en una operación denominada "Caso Piazza". La detención de Jair Estupiñán Montaño se produjo en una vivienda ubicada en La Unión de Tres Ríos, Cartago. En un intento desesperado por evadir a las autoridades, el acusado trató de esconderse en el baño de un vecino, vistiendo en ese momento una pijama de la marca M&M's. Junto a él, también figuran como acusados sus hermanos, Cristóbal y Henry Estupiñán Montaño.
La investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía desmanteló una sofisticada red de lavado de dinero. Según la acusación, el grupo utilizaba diversas empresas fachada para mezclar los recursos provenientes del tráfico de drogas con ingresos legales. Entre estos negocios destacaba la cadena de Supermercados Plaza, donde se combinaban las ganancias diarias de la venta de abarrotes con el dinero ilícito. Asimismo, la organización operaba una gasolinera y un lubricentro en Santo Domingo de Heredia, talleres mecánicos y de embarcaciones en las zonas de Jacó y Chacarita, además de participar en subastas ganaderas.
En cuanto a la logística del narcotráfico, la estructura importaba cargamentos de cocaína y marihuana desde Sudamérica utilizando lanchas rápidas que arribaban a las costas del Pacífico Central costarricense. Una vez que la droga llegaba a tierra, era trasladada hacia San José. La marihuana se distribuía principalmente en el mercado local, mientras que la cocaína se almacenaba en bodegas estratégicas para su posterior exportación hacia Europa y Norteamérica.
Para consolidar este imperio, la organización contó con el apoyo de un notario público de la Zona Sur y de dos hermanos costarricenses, quienes facilitaron la apertura de cuentas bancarias, la adquisición de vehículos de alta gama y la inscripción de bienes. El patrimonio golpeado por las autoridades en este caso supera los 3.000 millones de colones.
La faceta más violenta de esta organización se refleja en su vinculación con tres homicidios calificados ocurridos en 2021. Las víctimas fueron tres empleados de los negocios fachada que, tras descubrir las actividades de lavado de dinero, decidieron renunciar. En uno de los casos, el trabajador incluso interpuso una demanda laboral contra los hermanos Estupiñán Montaño. Como represalia, se habría ordenado el asesinato de estos empleados en las cercanías del Mercado de Mayoreo, en San José.
La historia de Pecueca en Costa Rica comenzó hace más de dos décadas. En 2005, contrajo matrimonio con una ciudadana costarricense para obtener la nacionalidad. Posteriormente dejó el país, fue capturado en Panamá en 2013 y extraditado a Nueva York por requerimiento de la DEA. Tras cumplir su condena, fue deportado a Colombia entre finales de 2020 e inicios de 2021, aunque regresó posteriormente a Costa Rica para establecer la red criminal ahora procesada.
Finalmente, las investigaciones señalaron a Carlos Solórzano Campos, alias "Chanchita" o "Wakanda", como uno de los testaferros de Pecueca. Solórzano, quien es requerido en Texas por narcotráfico internacional, fue defendido en el ámbito nacional por el diputado de Pueblo Soberano y abogado del exmandatario Chaves, José Miguel Villalobos, quien fue clave para que Solórzano resultara absuelto por sus vínculos con el exguerrillero.
