En un salón de baile del hotel The Langham, ubicado en el centro de Londres, aproximadamente 200 profesionales y ejecutivos de la industria energética se reunieron recientemente para analizar una posibilidad que, hace ocho meses, se consideraba prácticamente impensable: volver a invertir en el sector petrolero de Venezuela. El encuentro sirvió como un espacio de debate sobre las oportunidades y los severos riesgos que conlleva el ingreso de capitales extranjeros en un mercado que ha estado cerrado o restringido durante años.
Durante la jornada del jueves por la noche, Greig Gilbert, director ejecutivo de Apertura Energy, una firma de inversiones, fue enfático al dirigirse a la audiencia. "El momento es ahora", afirmó Gilbert, instando a los presentes a no dejar pasar la oportunidad actual. Su empresa, Apertura Energy, ha modificado su nombre y renovado su estrategia operativa pocos meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en enero. Este cambio político sentó las bases para que inversores internacionales pudieran explorar el ingreso a una industria que, históricamente, estuvo bajo el control absoluto de la empresa estatal.
Apertura Energy no fue la única entidad interesada en el evento; la reunión contó con la presencia de diversas firmas de inversión, casas de comercio y empresas especializadas en petróleo y gas. Este encuentro en Londres funcionó como un preludio a la Semana de la Energía de Venezuela, una conferencia de mayor magnitud que está programada para llevarse a cabo en octubre en la ciudad de Caracas.
A pesar del optimismo de algunos ponentes, el evento no estuvo exento de cautela. Los asistentes reconocieron que existen obstáculos significativos para quienes intenten aprovechar las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Entre los riesgos más destacados se encuentran la infraestructura en estado de decadencia, la persistente incertidumbre política y la inestabilidad generada por el devastador terremoto ocurrido en junio. No obstante, Gilbert insistió en que se está abriendo una "ventana" de oportunidad que las empresas no pueden permitirse ignorar.
Actualmente, un grupo reducido de firmas de inversión y compañías petroleras extranjeras ya está tomando medidas para invertir o expandir sus operaciones en el país. Estas acciones se desarrollan bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien, a pesar de su rol previo como vicepresidenta de Maduro, se muestra favorable a los intereses del capital extranjero. Una de las reformas más relevantes implementadas por su Gobierno ha sido la eliminación del requisito que obligaba a la estatal PDVSA a mantener la participación mayoritaria en los proyectos conjuntos.
Claire Jungman, directora de Riesgo Marítimo e Inteligencia en la firma de datos Vortexa, explicó que este cambio normativo permite que las empresas privadas operen los campos de manera directa, obtengan participaciones más amplias y retengan una parte mayor de las ganancias generadas.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha facilitado este proceso al levantar algunas sanciones desde enero, permitiendo que empresas estadounidenses vendan y exporten barriles de crudo provenientes de Caracas. Según datos de Vortexa, esta medida ha tenido un impacto inmediato: el mes pasado, Venezuela exportó 28 millones de barriles de crudo, lo que representa un incremento de casi el 69 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Jungman señaló que más de la mitad de estas exportaciones tienen como destino Estados Unidos, ya que las refinerías del Golfo poseen la capacidad técnica para procesar el crudo pesado y viscoso venezolano. Este flujo marca un cambio drástico en la geopolítica del crudo venezolano; antes de enero, casi tres cuartas partes de las exportaciones se dirigían a China, quedando Estados Unidos en un segundo plano. Otros compradores relevantes incluyen a India, que representa aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones, además de países europeos como España y los Países Bajos.
En el ámbito político estadounidense, el presidente Donald Trump afirmó el pasado lunes que su administración ha recaudado más de 13.000 millones de dólares a través de la venta de petróleo venezolano desde la captura de Maduro. El Gobierno de EE. UU. ha indicado que estos fondos se mantendrán en cuentas controladas por Washington en calidad de "custodia" con la intención de devolverlos a Venezuela, aunque sectores demócratas en el Congreso han exigido una mayor transparencia en el manejo de estos recursos.
Sin embargo, la visión optimista de Trump, quien sugirió que las empresas debían entrar e invertir masivamente para reparar la infraestructura, choca con la realidad técnica del sector. Años de sanciones internacionales y crisis económicas han dejado la industria petrolera venezolana vacía y deteriorada. Darren Woods, CEO de ExxonMobil, expresó su escepticismo durante una reunión en la Casa Blanca en enero, declarando que "es imposible invertir allí". ExxonMobil fue una de las compañías expulsadas en 2007 tras la expropiación de sus activos, un recuerdo que sigue pesando sobre la decisión de las grandes petroleras.
Además del riesgo político y el temor a nuevas expropiaciones, el costo financiero es una barrera colosal. Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de crudo en Kpler, advirtió que los nuevos proyectos probablemente no darían resultados hasta dentro de cinco años debido al estado de las instalaciones. Según Falakshahi, la inversión necesaria para modernizar la infraestructura deteriorada se estima entre 50.000 y 100.000 millones de dólares en los próximos cinco a diez años.
