La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), la mayor empresa cuprífera del mundo, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y social tras surgir propuestas que sugieren su privatización. Esta situación ha generado una reacción inmediata y categórica por parte de los trabajadores del sector y diversos sectores políticos que consideran a la empresa como un activo estratégico fundamental para el Estado chileno.
La polémica se originó a raíz de las declaraciones de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, quien propuso avanzar hacia la privatización de la compañía o, al menos, modificar su estructura de propiedad para permitir la entrada de capitales privados. A esta postura se sumó Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, reforzando la idea de cambiar el modelo de propiedad de la estatal.
Ante estas propuestas, la Federación de Trabajadores del Cobre ha manifestado un rechazo absoluto y categórico. El gremio ha calificado estas sugerencias como "oportunistas" y "destempladas", señalando que buscan aprovechar el clima político actual del país para impulsar una agenda que atenta contra la naturaleza de la empresa. Como medida de presión y defensa, los trabajadores del yacimiento de Chuquicamata, reconocido como el rajo a cielo abierto más grande del mundo, han convocado a una manifestación masiva en Santiago para el próximo 10 de agosto, coincidiendo con el Día del Minero.
Desde la perspectiva laboral, la Federación reconoció que Codelco atraviesa un periodo complejo, pero rechazó que la solución sea la privatización. El gremio atribuyó las dificultades actuales a factores estructurales y financieros, destacando la casi nula capitalización de las utilidades por parte del Estado. Asimismo, señalaron el desafío técnico que representan los yacimientos centenarios, cuyos tajos ya han superado los mil metros de profundidad, lo que encarece y complica la extracción. A esto se suma la disminución de las leyes mineras y la transición hacia nuevas tecnologías que aún se encuentran en proceso de implementación.
La importancia de Codelco para Chile es multidimensional. En términos de empleo, la empresa sustenta a cerca de 76 mil personas, desglosadas en 16 mil trabajadores de dotación propia y 60 mil colaboradores a través de compañías contratistas. Históricamente, desde su nacionalización aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende, la empresa ha sido denominada como “el sueldo de Chile”. Esta calificación se respalda en que, a lo largo de los años, ha transferido más de 165 mil millones de dólares a las arcas estatales, fondos destinados a la construcción de escuelas, hospitales y diversos programas de beneficio social.
La relevancia fiscal de la compañía se mantiene vigente, ya que es la entidad que más recursos aporta al Estado mediante el pago de impuestos de primera categoría, un impuesto especial del 40 por ciento debido a su condición de empresa pública y el royalty minero.
En el plano político, el rechazo es transversal en los sectores de centro e izquierda. El Partido Socialista, mediante una declaración titulada “Codelco no se vende”, repudió las propuestas de la derecha y acusó al actual gobierno de avanzar hacia una privatización encubierta. Por su parte, el Frente Amplio (FA) advirtió que privatizar la empresa representaría un riesgo para un patrimonio estratégico. Andrés Couble, secretario general del FA, subrayó la magnitud de la propuesta recordando que ni siquiera la dictadura militar se atrevió a privatizar la corporación. En la misma línea, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista, calificó las ideas de la ultraderecha como una amenaza directa al patrimonio nacional.
Frente a la creciente polémica, las autoridades de la empresa y el Gobierno han intentado matizar la situación. Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, aseguró que el plan de recuperación de la compañía no incluye la privatización. No obstante, aclaró que se está evaluando la venta de activos específicos para obtener fondos que permitan invertir y ampliar las alianzas público-privadas.
En concordancia con esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el Gobierno no tiene contemplado privatizar la corporación. Sin embargo, el secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de que la compañía reciba capital privado, con el objetivo de enfrentar su situación financiera actual y asegurar su sostenibilidad operativa.
