Una modificación semántica en el léxico del Gobierno de Venezuela ha encendido las alarmas sobre la reconfiguración del poder en el Palacio de Miraflores. El Ministerio de Comunicación e Información ha dejado de utilizar el término “presidenta encargada” para referirse a Delcy Rodríguez, quien juró dicho cargo en enero, y ha pasado a denominarla simplemente como “presidenta”. Este cambio en la narrativa oficial coincide con una disminución progresiva en las menciones a Nicolás Maduro, quien se encuentra actualmente inmerso en un proceso judicial en la ciudad de Nueva York.
El ajuste en el discurso ocurre en un momento crítico para el país. Delcy Rodríguez cumplió 180 días en el cargo a principios de julio, periodo que coincidió con la ocurrencia de terremotos catastróficos que han dejado un saldo de más de 5.000 muertos. Esta tragedia nacional parece haber desplazado la controversia jurídica sobre los plazos que marca la Constitución para una presidencia encargada, permitiendo que Rodríguez se afiance en el cargo a través de la arena política y discursiva.
Aunque Rodríguez todavía se identifica como “presidenta encargada” en sus redes sociales personales y en algunos comunicados emitidos por la Presidencia, la tendencia institucional es distinta. Desde hace dos semanas, el Ministerio de Comunicación eliminó el calificativo de “encargada”. Esta línea ha sido seguida por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, quien ya la nombra como “presidenta” en la plataforma X, así como por la Cancillería y diversas cuentas vinculadas al aparato comunicacional chavista.
Para el politólogo venezolano John Magdaleno, profesor universitario y director de la consultora Polity, este cambio comunicacional es una señal clara de que la coalición dominante dentro del gobierno ha aceptado la continuidad de Rodríguez. Magdaleno explicó a CNN que en Venezuela la legitimidad no opera bajo los procedimientos de una democracia con legitimación popular, sino a través de los factores de poder. Según el analista, el gobierno encargado está produciendo su propio posicionamiento, lo que implica subordinar la antigua exigencia de liberación de Nicolás Maduro, cuyos pedidos eran frecuentes en enero pero que ahora son casi inexistentes en los despachos oficiales.
Por su parte, la politóloga Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, sostiene que en circunstancias tan singulares, los elementos simbólicos son fundamentales. Para Arteaga, es evidente que la agenda centrada en el retorno de Maduro ha sido dejada atrás definitivamente. La experta señala que la dinámica política y, especialmente, la tragedia del terremoto han funcionado como una “lápida” para la presencia de Maduro en el espacio público, ya que la atención del país y del gobierno está concentrada en la emergencia humanitaria y la situación económica.
El liderazgo de Delcy Rodríguez enfrenta desafíos urgentes, agravados por el desastre natural y disputas internas históricas dentro del chavismo. Arteaga recuerda que el movimiento fundado por Hugo Chávez nunca fue una unidad monolítica, sino un conjunto de facciones reunidas en torno a un liderazgo carismático. Tras la muerte de Chávez en 2013, surgieron pugnas por el poder que Maduro logró superar inicialmente, pero que ahora ven el ascenso de la facción liderada por Delcy y Jorge Rodríguez, conocida como el “Rodrigato”, la cual ha logrado sobrevivir y, según la analista, desmontar la estructura del “madurismo”.
Desde la perspectiva de Magdaleno, la operatividad de esta autocracia depende de una coalición dominante que controla los recursos estratégicos. El acuerdo, ya sea tácito o explícito, consiste en sostenerse en el poder y gestionar los desacuerdos estratégicos internamente. Este patrón sería similar al ocurrido tras la muerte de Chávez, involucrando a figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y la Fuerza Armada, quienes mantienen sus cuotas de poder mientras el acuerdo sustantivo permanezca intacto.
En el plano internacional, la relación con Estados Unidos juega un papel determinante. El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a una corte que desestime cargos contra Delcy Rodríguez alegando que posee inmunidad. Magdaleno señala que Washington parece haber delimitado áreas de política pública donde el gobierno venezolano se siente compelido a tomar decisiones, específicamente en reformas de la ley de hidrocarburos y minería. Sin embargo, en la dimensión política institucional, el gobierno de Rodríguez parece mantener un mayor margen de maniobra, como se ha visto en los nombramientos del fiscal general y la titular de la Defensoría.
Finalmente, el gobierno ha anunciado una mesa de enlace para dialogar con un sector de la oposición con el fin de “promover la democracia”. No obstante, Carmen Arteaga advierte que los deseos del ciudadano común no parecen estar en la agenda actual, sugiriendo que cualquier avance será fruto de un acuerdo entre élites. El objetivo primordial de Rodríguez sería mantener el entendimiento con la administración Trump y posicionarse como la aliada necesaria, aunque su permanencia a largo plazo sigue siendo una incógnita sujeta a la geopolítica y a las urgencias internas del país.
