El régimen de neutralidad del Canal de Panamá se encuentra bajo un análisis crítico centrado en la distribución de garantías y la influencia de las grandes potencias. Actualmente, el artículo IV del Tratado de Neutralidad establece un enfoque individual donde un único Estado actúa como garante. No obstante, se argumenta que este modelo debilita la neutralización de la vía interoceánica, ya que otorga a Estados Unidos una supremacía militar que afecta el equilibrio internacional. Ante esta situación, se ha sugerido la implementación de un régimen de neutralidad permanente garantizado por una pluralidad de Estados, priorizando la participación de grandes potencias para equilibrar las fuerzas en juego.
En relación con la operatividad de este régimen, el Entendimiento 2 señala que tanto Estados Unidos como Panamá, siguiendo sus respectivos procedimientos constitucionales, pueden tomar acciones unilaterales para defender el Canal frente a cualquier amenaza, siempre que dicha amenaza sea debidamente demostrada. Es fundamental precisar que este Entendimiento 2 no contempla el uso de la fuerza militar, diferenciándose así de la denominada Reserva DeConcini. Lo anterior responde al espíritu de una neutralización desarmada, según lo estipulado en el artículo V, el cual determina que solo la República de Panamá debe manejar el Canal y mantener las fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones necesarias para garantizar la neutralidad.
Por otro lado, el marco legal incluye la Condición 2 o Reserva Nunn, la cual es parte integral del Tratado de Neutralidad. Esta disposición permite que Panamá y Estados Unidos acuerden el estacionamiento de fuerzas militares estadounidenses o el mantenimiento de sitios de defensa después del 31 de diciembre de 1999, siempre que ambos Estados lo consideren necesario. Un aspecto clave de la Reserva Nunn es que dichos acuerdos pueden concretarse sin requerir el consentimiento previo de otros Estados que se hayan adherido a los objetivos del Tratado de Neutralidad, requisito que habría sido obligatorio de no existir esta reserva.
En el plano diplomático, Panamá enfrenta el reto de equilibrar sus relaciones frente a los polos de poder representados por Estados Unidos y China. Este escenario se ha vuelto más complejo tras la decisión de reconocer la política de “Una sola China” en 2017, desplazando la relación diplomática con Taiwán. La gestión de estas relaciones ha mostrado contrastes marcados: mientras que ante los ataques verbales del expresidente Donald Trump se optó por una "diplomacia del silencio", frente a China se ha mantenido una postura más confrontativa, especialmente ante la posible anulación de las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Actualmente, China ha generado perjuicios directos al servicio marítimo panameño mediante el aumento injustificado de inspecciones a buques con bandera panameña en sus puertos. Estas interrupciones se han producido sin que existan causas técnicas o de seguridad marítima verificables. Para solventar esta situación, se han realizado acercamientos, incluyendo una reunión de cancilleres en Nueva York y una comunicación de la Embajada de China en junio, manifestando interés en una reunión técnica para avanzar en la negociación del Acuerdo de “Naciones más Favorables”, herramienta crucial para evitar la retención de naves panameñas en la China continental.
La tensión alcanzó un punto crítico durante la 56.ª Asamblea General de la OEA. En su discurso inaugural, el presidente panameño denunció la interferencia de China en el servicio marítimo con fines ajenos al comercio y al derecho marítimo. Sin embargo, este abordaje ha sido cuestionado, sugiriendo que el tema debió tratarse en las sesiones de la asamblea mediante el multilateralismo para generar resoluciones favorables, en lugar de increpar en un discurso de apertura destinado a la amistad y la solidaridad. China respondió a estas declaraciones aplicando el principio de reciprocidad, afirmando que sus acciones tenían como propósito responder a las exigencias formuladas públicamente por Panamá.
Finalmente, se observa una disparidad en la reacción de Panamá según la potencia involucrada, mostrando un trato blando hacia Estados Unidos y uno firme hacia China. En este contexto, se ha señalado la ausencia de un criterio panameño claro respecto a la posición de Estados Unidos sobre Venezuela, específicamente al desconocer el triunfo electoral de hace dos años y reconocer una gestión que ha derivado en caos institucional, fracaso gubernativo y una incapacidad de respuesta ante tragedias como el reciente terremoto, situaciones que cuentan con el repudio del pueblo venezolano.
