Venezuela se encuentra en un proceso de evaluación y respuesta tras el doble sismo ocurrido el pasado miércoles. Para analizar la magnitud de lo sucedido y la capacidad de respuesta del Estado, es imperativo situar la tragedia dentro del complejo contexto económico y social que atraviesa el país. En las primeras horas de la emergencia, diversos reportes de agencias internacionales y algunos medios de comunicación locales destacaron un desbordamiento de los servicios sanitarios, señalando particularmente la crítica situación en el estado La Guaira, zona que concentró la mayor cantidad de víctimas. Estas fuentes atribuyeron las fallas y el descontrol observados a una supuesta incompetencia del gobierno venezolano.
No obstante, al analizar la realidad actual, se observa un panorama distinto. Para este domingo, la situación en las áreas de emergencia de los 15 hospitales públicos de Caracas se mantiene en un escenario de contingencia, aunque lejos del caos o "pandemónium" descrito en algunos reportajes iniciales. Un elemento clave en la gestión de la crisis ha sido la activación inmediata de un centenar de clínicas privadas. Estos centros, que cuentan con equipamiento óptimo, se sumaron a los esfuerzos bajo una coordinación gubernamental para recibir de manera gratuita a los pacientes afectados por la emergencia sísmica.
En cuanto al estado de La Guaira, la atención se ha intensificado desde el fin de semana mediante el despliegue de hospitales de campaña. Estas instalaciones han sido dispuestas en el lugar por el ejército venezolano y brigadas internacionales, lo que ha permitido estabilizar la atención local. Como resultado de estas medidas, el flujo de traslado de heridos hacia la capital, que fue profuso durante las primeras horas del desastre, ha disminuido considerablemente.
Si bien es cierto que las narrativas mediáticas tienden en ocasiones a la exageración, no se puede ignorar que el sistema sanitario público venezolano fue sorprendido por los terremotos en condiciones difíciles. Para comprender el origen de estas vulnerabilidades, cualquier análisis debe remitirse a la industria petrolera, la cual ha sido históricamente responsable del 97 por ciento de los ingresos nacionales. Esta industria lleva 11 años bajo sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, un bloqueo que se extremó durante los últimos siete años, afectando todas las operaciones de venta de hidrocarburos.
La presión externa se ha intensificado incluso después de los eventos del pasado 3 de enero, fecha en la que Washington bombardeó tres ciudades venezolanas, incluyendo Caracas y La Guaira, en un operativo para secuestrar al presidente Nicolás Maduro con el fin de establecer una relación de fuerza con el gobierno encargado. A pesar de estos hechos, las sanciones económicas se mantienen vigentes. Este contexto es fundamental para entender por qué el sistema sanitario público no alcanza condiciones óptimas, aunque ha logrado mantenerse operativo y atender a la población.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, explicó que el impacto del bloqueo estadounidense se trasladó rápidamente de los ingresos del Estado a la sociedad. Según Castillo, Venezuela invierte habitualmente entre el 77 y el 80 por ciento de sus ingresos en programas sociales, que abarcan salud y educación públicas, atención a comunidades vulnerables, adultos mayores y programas para niños, niñas y adolescentes. Cuando un país que dedica casi el 80 por ciento de su presupuesto anual a estas áreas ve reducido dicho presupuesto en más de un 90 por ciento debido a las sanciones, el impacto en los servicios públicos y sociales es inevitable y profundo.
Además de la falta de presupuesto, la imposibilidad de realizar pagos en el extranjero para adquirir equipos críticos, como turbinas para el sistema eléctrico o de aguas, provocó una caída severa en la calidad y el alcance de los servicios de salud. A esto se suma el congelamiento de recursos en el sistema financiero internacional, que según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, alcanzó los 30 mil millones de dólares.
Este bloqueo financiero derivó en una escasez crítica de insumos médicos esenciales, tales como marcapasos y medicinas de alto costo destinadas al tratamiento de pacientes con cáncer, VIH y diabetes. Asimismo, el viceministro señaló que hubo bloqueos a la importación de vacunas antes y durante la pandemia, lo que afectó los índices de salud nacional. Un ejemplo de ello fue la pérdida de la categoría de país libre de sarampión, condición que Venezuela recuperó recientemente luego de que las sanciones impidieran la importación de las vacunas necesarias.
En conclusión, el país recibió los dos terremotos del miércoles pasado en un estado de fragilidad sistémica. La emergencia sísmica representó un golpe inesperado sobre una estructura sanitaria que ya cargaba con el desgaste de años de asfixia económica y restricciones internacionales.
