El Poder Judicial de Chile atraviesa un momento de fuerte tensión institucional tras la emisión del Oficio Nº 66 por parte del fiscal judicial Jorge Pizarro. El documento, dirigido a notarios, conservadores y archiveros, ha provocado una ola de controversia no solo dentro del gremio afectado, sino también en las altas esferas del máximo tribunal del país, evidenciando discrepancias profundas entre el fiscal y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
El conflicto se originó el pasado 20 de mayo, cuando el fiscal Pizarro notificó a los auxiliares de la administración de justicia sobre una serie de incumplimientos "sostenidos y reiterados" detectados en el ejercicio de sus nuevas atribuciones fiscalizadoras, enmarcadas en la nueva ley que regula al sector. Según el documento, las faltas se concentran en dos áreas críticas para la probidad y la fe pública: la rendición de cauciones o fianzas y la presentación de la Declaración de Intereses y Patrimonio.
En términos concretos, el fiscal judicial alertó sobre la existencia de omisiones en la rendición de cauciones que se extienden por más de 30 años. Pizarro sostuvo que la magnitud y la reiteración territorial de estas faltas configuran un patrón que compromete los estándares de transparencia, responsabilidad e integridad exigidos por el ordenamiento jurídico. Durante una reciente comparecencia ante la Comisión de Constitución del Senado, el fiscal respaldó sus afirmaciones con cifras, señalando que se detectó un 33% de incumplimiento en las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, considerando un universo de 490 notarios, conservadores y archiveros.
Esta postura ha generado un rechazo tajante por parte del gremio. Fuentes cercanas a los notarios y conservadores critican la forma en que se comunicaron los hallazgos y cuestionan la interpretación de la ley realizada por Jorge Pizarro. El sector argumenta que el fiscal ha excedido sus atribuciones jurídicas, instalando una narrativa comunicacional antes de que se autoricen los reglamentos necesarios. Específicamente, señalan que la Ley Nº 21.772, vigente desde abril, establece un periodo de seis meses para la presentación de reglamentos, situación técnicamente denominada "vacancia legal", la cual, según el gremio, Pizarro estaría interpretando a su antojo.
La disputa escaló hasta el plano jerárquico del máximo tribunal. En el Congreso, se hizo evidente la diferencia de criterios entre Pizarro y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Mientras el fiscal fundamentó sus instrucciones basándose en el código de ética y cuestionó la incongruencia de mantener a parientes en los cargos a pesar de la nueva ley, Chevesich sostuvo que las conductas éticas no pueden derivar directamente en el marco disciplinario si no están contempladas en el Código Orgánico de Tribunales.
La presidenta de la Corte Suprema enfatizó que el organismo ya había intentado resolver este tema, pero que no era posible crear un "catálogo de sanciones" para conductas graves, menos graves o ínfimas sin que estas estuvieran integradas en el Código Orgánico para ser obligatorias para todo el Poder Judicial. Esta intervención fue interpretada como un "rayado de cancha" hacia Pizarro, buscando distanciar la postura del fiscal de la visión global de la Corte Suprema.
Por su parte, Jorge Pizarro mantuvo un tono firme y, en ocasiones, irónico. Al referirse a las críticas, afirmó que no llegó a la fiscalía judicial para tener un "descanso sabático" y admitió ser una persona de "pocos amigos". Además, lanzó una indirecta hacia las dinastías familiares presentes en algunas notarías y conservadores, mencionando que su propia hija es abogada pero no pertenece a ninguna de estas instituciones.
En respuesta formal, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros de Chile emitió un comunicado donde desmintió las acusaciones. Aseguraron que más del 70% de sus asociados cuentan con pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales que superan los valores establecidos por la ley, promoviendo estas medidas desde hace 28 años. Respecto a las Declaraciones de Intereses y Patrimonio, afirmaron que han cumplido a cabalidad con las exigencias desde hace 16 años. Finalmente, el gremio sostuvo que la nueva normativa sobre la contratación de parientes no puede aplicarse de forma retroactiva, prevaleciendo el Código del Trabajo y los derechos fundamentales de los empleados.
