El expresidente Gabriel Boric ha regresado al debate público con una intervención que ha generado una fuerte controversia, centrada en los embargos que la Tesorería General de la República está ejecutando sobre las cuentas bancarias de los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE). En su declaración, el exmandatario cuestionó estas medidas y afirmó que, durante su administración, existió un "consenso técnico" para resolver el problema, pero que la derecha se negó a legislar al respecto.
Sin embargo, este relato ha sido puesto en duda, señalándose que la afirmación sobre la existencia de un consenso técnico es falsa. Según los datos analizados, no había un acuerdo en la centroderecha ni tampoco una postura unánime dentro del propio oficialismo de aquel momento. Incluso el exministro de Hacienda, Mario Marcel, habría mantenido serias reservas respecto a los costos fiscales que implicaría una condonación universal de la deuda, la cual, según cálculos conocidos, alcanzaría aproximadamente los 10 mil millones de dólares. Por lo tanto, no existía un consenso técnico o político, sino una promesa de campaña que el gobierno intentó gestionar a pesar de las limitaciones fiscales.
Un punto crítico en este análisis es la omisión de la responsabilidad directa de Boric en el incremento de la morosidad del sistema. La promesa de condonación universal del CAE fue uno de los compromisos más explícitos de su campaña presidencial. Esta declaración tuvo un efecto directo y documentable en el comportamiento de los beneficiarios del crédito: durante su gestión, la morosidad del CAE aumentó significativamente, pasando del 28% al 53%.
Al respecto, el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, señaló que la respuesta de los deudores fue predecible, planteando que cualquier persona que posea un crédito y reciba una promesa de condonación tenderá a dejar de pagar. De este modo, el aumento de la morosidad no fue un hecho azaroso, sino la consecuencia de un compromiso político que el Gobierno sabía que no podía cumplir plenamente.
La contradicción más severa, no obstante, radica en el marco legal que permite las acciones actuales de la Tesorería. Los embargos de fondos en cuentas bancarias que hoy critica el expresidente se basan en la Ley de Cumplimiento Tributario N.º 21.713, la cual modificó el artículo 170 del Código Tributario. Esta ley, que amplió las herramientas de cobro del Estado, fue promulgada y firmada por el propio Gabriel Boric durante su mandato. Resulta paradójico que el exmandatario denuncie hoy la aplicación de una normativa que él mismo habilitó para fortalecer la recaudación y el cobro de obligaciones fiscales.
En cuanto a los afectados por las medidas actuales, se ha revelado un dato que suele omitirse en el debate político: los embargos ejecutados hasta la fecha afectan principalmente a personas con remuneraciones mensuales iguales o superiores a los 3.500.000 pesos. Se trata de profesionales que utilizaron el crédito estatal para acceder a universidades de prestigio y que, tras obtener los ingresos esperados, optaron por no cumplir con sus obligaciones financieras con el Estado.
El debate plantea que, si bien el diseño del CAE fue deficiente y requiere una reforma seria, no se puede establecer que el pago de las obligaciones estatales sea optativo. Sostener que el cobro de estas deudas es un acto de crueldad ignora el impacto que tiene el incumplimiento sobre el resto de la sociedad y la autoridad fiscal del Estado.
En resumen, la intervención de Gabriel Boric es vista como un intento de transferir la responsabilidad de sus decisiones y fracasos administrativos a terceros. El exmandatario prometió una condonación que disparó la morosidad, firmó la ley que permite los embargos que hoy cuestiona y sostiene la existencia de un consenso técnico que, en la práctica, nunca ocurrió.
