El Estado peruano ha puesto en marcha un despliegue operativo de gran magnitud para asegurar el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Bajo el marco del denominado 'Plan Elecciones Generales 2026', las Fuerzas Armadas ya se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional con el objetivo primordial de garantizar la seguridad de la jornada y proteger la integridad de todos los ciudadanos que acudan a votar este domingo 7 de junio.
El operativo implica la movilización de cerca de 45.000 integrantes pertenecientes al Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Estas unidades han sido desplegadas estratégicamente para contribuir al normal desarrollo de la jornada y asegurar el libre ejercicio del derecho al sufragio en cada rincón del país. A este contingente militar se sumará la participación activa de 60.000 miembros de la Policía Nacional, quienes tendrán la responsabilidad directa de custodiar los puestos de votación en los diversos distritos, provincias y regiones.
Para optimizar la seguridad, las autoridades tanto militares como policiales han implementado un refuerzo de la presencia y el control en aquellas áreas donde se han identificado riesgos específicos. En este sentido, las tropas del Ejército han sido asignadas a la protección de los ejes viales, tanto principales como secundarios. Esta medida busca asegurar que el desplazamiento de los votantes hacia sus centros de sufragio sea fluido y, fundamentalmente, garantizar que el traslado del material electoral se realice sin contratiempos ni interferencias.
Desde la perspectiva logística, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha proporcionado datos significativos sobre el alcance de esta convocatoria. Se ha informado que más de 26 millones de ciudadanos dentro del territorio peruano y aproximadamente 1,1 millones de peruanos residentes en el extranjero están habilitados para emitir su voto este 7 de junio. Para atender a este volumen de votantes, se ha previsto la instalación de más de 10.000 locales de votación a nivel nacional.
El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado oficial emitido la noche anterior, confirmó el despliegue de los 45.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. El documento subraya que esta acción es fundamental para garantizar la seguridad de la segunda vuelta electoral. Como ejemplo de esta movilización, se reportó que un contingente de 856 efectivos partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, ubicado en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco. Una vez allí, el personal será distribuido hacia distintas provincias y distritos para resguardar los locales de votación locales.
El general de división Oscar Calle, comandante del Comando Operacional del Centro, hizo un llamado directo a la población, exhortando a los ciudadanos a acudir a las urnas con total confianza. Calle destacó que las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su misión constitucional de resguardar los locales de votación y recordó que, históricamente, estas instituciones han contribuido a la defensa de la democracia y se han mantenido al servicio de la población.
Este modelo de despliegue no es aislado, sino que se está replicando en diversas regiones del país como parte de las acciones de seguridad previstas para la segunda vuelta presidencial. Las unidades militares se movilizan progresivamente hacia sus zonas de responsabilidad, trabajando en estrecha coordinación y apoyo con la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el fin de resguardar los locales y asegurar que la jornada transcurra con normalidad.
Respecto al marco normativo, se ha enfatizado que la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral se rige por la Constitución Política del Perú y la normativa vigente, actuando bajo un principio de absoluta neutralidad. Sus funciones están claramente delimitadas: brindar seguridad en los locales de votación y custodiar el traslado del material electoral.
Además, el plan operativo incluye la ejecución de patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en zonas estratégicas, todo lo cual ha sido coordinado previamente con las autoridades competentes. El Estado ha reiterado que todas estas acciones de seguridad se desarrollan con un estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y en total apego al marco legal vigente.
