Colombia se prepara para elegir a su próximo presidente el próximo domingo 31 en una jornada electoral marcada por una profunda polarización política y la peor ola de violencia registrada en la última década. Los ciudadanos colombianos deberán decidir si ratifican la presencia de la izquierda en el poder, por primera vez en la historia del país, o si optan por un giro hacia las fuerzas de derecha en un escenario de alta tensión social y crisis de seguridad.
El actual mandatario, Gustavo Petro, quien no puede aspirar a la reelección, cierra su gestión con un balance contrastado. Por un lado, su administración ha logrado reducir las cifras de desempleo y elevar los salarios. Por otro lado, el país enfrenta un recrudecimiento del conflicto armado, evidenciado en el uso de drones explosivos, atentados con carros-bomba y el asesinato de un precandidato presidencial durante el proceso.
En las encuestas, el senador Iván Cepeda, de 63 años, se posiciona como el favorito. Aliado de Petro dentro del partido Pacto Histórico, Cepeda apuesta por la continuidad de las políticas sociales y el mantenimiento de las negociaciones de paz con los diversos grupos armados. El respaldo a esta línea se refleja en testimonios como el de Natalia Rojas, una estudiante de diseño de Bogotá, quien destaca que el acceso gratuito a la universidad gracias a los programas subsidiados del gobierno transformó su vida y alivió la carga económica de su familia.
Sin embargo, las proyecciones indican que Cepeda podría no alcanzar la victoria en una primera vuelta, ya que para ello requiere más de la mitad de los votos. Se prevé un segundo turno para el 21 de junio, donde se enfrentaría al abogado Abelardo de la Espriella. Conocido como “El Tigre”, De la Espriella es un excéntrico millonario de 47 años sin experiencia política previa, quien frecuentemente utiliza chalecos antibalas. Su candidatura encarna la rejección total al modelo de Petro y propone una línea dura contra las guerrillas y el narcotráfico.
La derecha llega a estos comicios dividida. En tercer lugar de las encuestas aparece la senadora Paloma Valencia, de 50 años, representante del Centro Democrático, partido vinculado al exmandatario Álvaro Uribe. Valencia pertenece a una de las familias más influyentes de Colombia, lo que añade una dimensión de poder tradicional a la contienda. Según el cientista político Álvaro Forero, la elección está fuertemente marcada por una lucha de clases, elemento que ha servido como motor electoral para el proyecto de Petro.
A diferencia de otras naciones latinoamericanas que han girado hacia la derecha, la izquierda colombiana no ha mostrado un desgaste significativo. Durante este mandato, el salario mínimo nominal aumentó un 75% y el desempleo disminuyó, impulsado en parte por la contratación estatal en un país caracterizado por una alta desigualdad.
No obstante, la oposición critica severamente el deterioro de la seguridad pública. Las políticas de “paz total” implementadas por Petro para desmovilizar a los grupos armados que permanecieron activos tras el acuerdo con las Farc en 2016 no han logrado los resultados esperados. Expertos sugieren que las organizaciones armadas aprovecharon los periodos de negociación para fortalecerse.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advierte que la situación es grave. Según la organización, el año 2025 fue crítico: los secuestros aumentaron más de un 110% respecto al año anterior y los desplazamientos internos alcanzaron la cifra más alta en casi dos décadas. Esta violencia ha impactado directamente a los candidatos, quienes han recibido amenazas tras el asesinato del precandidato de derecha Miguel Uribe.
En el ámbito internacional, el auge del narcotráfico tensionó la relación entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump. La crisis escaló hasta el intercambio de ofensas, poniendo en riesgo la cooperación histórica entre ambos países, aunque las tensiones se calmaron tras un encuentro en la Casa Blanca en febrero.
El candidato de derecha, De la Espriella, propone un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador, sugiriendo la construcción de megacárceles donde los presos permanezcan diez pisos bajo tierra y se alimenten solo de pan y agua. Asimismo, plantea bombardear campamentos narcotraficantes con apoyo de aviones estadounidenses y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.
El próximo presidente heredará desafíos económicos considerables: un déficit fiscal cercano al 7% del PIB y una deuda pública que supera el 64% del PIB. Además, la transición energética impulsada por Petro ha frenado la exploración petrolera, eliminando nuevas fuentes de ingresos. El gobierno actual utilizó los fondos públicos al límite para financiar programas sociales en una economía fragilizada tras la pandemia, mientras el Congreso limitaba algunas de sus reformas.
Finalmente, Álvaro Forero analiza que el electorado decidirá si continúa con las banderas de cambio o si las rechaza, señalando que la oposición ha cometido el error de basar su campaña en un "¡Fuera Petro!", lo cual representa una visión basada en el pasado y no una propuesta de futuro.
