Colombia se prepara para llevar a cabo la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de la república el próximo 31 de mayo, en un contexto marcado por una amenaza que el país consideraba superada: el control territorial de los grupos armados sobre el ejercicio del voto. Esta situación coincide con una grave crisis estructural de la política de “Paz Total”, el proyecto central del Gobierno del presidente de izquierda Gustavo Petro.
Según diversos analistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y expertos en seguridad, el escenario actual se define como un asedio que pone en riesgo las garantías democráticas. El fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el aumento de los atentados contra líderes políticos y las amenazas directas a candidatos presidenciales configuran un panorama crítico para los comicios.
Uno de los hechos más recientes yC Impactantes ocurrió el 16 de mayo en la localidad de Cubarral, departamento del Meta. Allí, un grupo armado ilegal asesinó a tiros a Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, quienes se desempeñaban como militantes y coordinadores regionales del movimiento político Firmes por la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella. A través de sus redes sociales, De La Espriella lamentó la pérdida de estos "dos patriotas" asesinados por el narcoterrorismo mientras trabajaban en su campaña.
Sin embargo, la violencia electoral no es un fenómeno aislado de los últimos días. Meses atrás, el sistema político sufrió un golpe severo con el atentado contra el senador de la oposición y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025. Tras luchar por su vida durante dos meses en una clínica al norte de Bogotá, el senador falleció, dejando en evidencia la vulnerabilidad de quienes ejercen sus derechos políticos en el país.
Asimismo, la candidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, denunció amenazas de muerte en redes sociales mediante imágenes que invitaban a honras fúnebres por su fallecimiento. A esto se sumó el vandalismo de una sede de su campaña en Bucaramanga, hechos que llevaron a la Defensoría del Pueblo a emitir un comunicado expresando su preocupación por la integridad de la candidata y las garantías democráticas.
Incluso el sector oficial no ha estado exento de estas presiones. Iván Cepeda, candidato del partido de Gobierno Pacto Histórico, denunció el 19 de mayo que su campaña recibió información sobre acciones de un grupo armado, presuntamente una de las disidencias de las FARC, para coaccionar al electorado en el departamento del Guaviare. Cepeda manifestó que presentaría la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General.
La política de “Paz Total” buscaba negociar con múltiples organizaciones criminales y guerrilleros para desmantelar el conflicto. No obstante, expertos sugieren que los ceses al fuego bilaterales, al carecer de mecanismos estrictos de verificación y exigencias de concentración geográfica, produjeron el efecto contrario. El analista político Óscar Montes calificó la estrategia como un "fracaso rotundo y absoluto". Por su parte, Jaime Arango, exasesor de seguridad nacional, advirtió que los grupos armados han crecido exponencialmente, aprovechando las negociaciones para afianzar su poder en zonas de cultivos ilícitos y amedrentar a los pobladores para que voten por candidatos específicos.
La gravedad de la situación se refleja en las cifras. La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló en un estudio del 19 de mayo que existen 386 municipios en 31 departamentos en alto riesgo por factores de violencia. Además, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, hasta el 19 de mayo, se han registrado 56 masacres en el año. En este clima de inseguridad también sucumbieron periodistas y defensores de derechos humanos, como Mateo Pérez, quien fue torturado y asesinado el 12 de mayo en Yarumal, Antioquia.
Ante este panorama, el registrador nacional, Hernán Penagos, informó que se ha implementado el “Plan Democracia”, el cual despliega 246.000 uniformados para asegurar que la ciudadanía pueda votar sin problemas, especialmente en zonas críticas como el Nordeste antioqueño, Cauca, Nariño, Catatumbo, Chocó y Putumayo. El ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, subrayó que la orden es garantizar el libre derecho al voto, asegurando que se arriesgarán vidas para que las elecciones sean libres, seguras y transparentes.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido su gestión, negando que el país atraviese una crisis de inseguridad. A través de la red social X, Petro afirmó que Colombia se encuentra en el nivel más bajo de homicidios de los últimos 36 años y propuso un "camino sociojurídico" para el desmantelamiento del narcotráfico, solicitando una Fiscalía que apueste por la paz.
