La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha manifestado su enérgica condena ante los recientes hechos de violencia registrados en el sector de Rigores, ubicado en el municipio de Trujillo, departamento de Colón. En este sector, 19 personas fueron asesinadas en circunstancias descritas como de extrema violencia, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en la región.
A través de un comunicado oficial, el organismo internacional subrayó su profunda preocupación por lo que define como una escalada de violencia en el Bajo Aguán. Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad de las poblaciones rurales y la urgencia de una intervención estatal efectiva para frenar la pérdida de vidas humanas en la zona.
Ante la gravedad de la masacre, la OACNUDH ha realizado un llamado urgente y directo a las autoridades competentes del Estado hondureño. El organismo solicita que se garantice la realización de una investigación que cumpla con cuatro criterios fundamentales: que sea pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. El objetivo primordial de este proceso debe ser la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes.
Asimismo, la oficina de Naciones Unidas enfatizó que no basta con castigar a los ejecutores, sino que es imperativo investigar y desmantelar las estructuras criminales y las redes de violencia que operan activamente en la zona. La existencia de estas redes sugiere una organización del crimen que amenaza la estabilidad y la vida de los habitantes del Bajo Aguán.
En paralelo a la demanda de justicia, el organismo instó a las autoridades a adoptar, de manera inmediata, medidas efectivas de protección. Estas acciones deben dirigirse específicamente a las personas sobrevivientes de los ataques, a los familiares de las víctimas, a las comunidades afectadas y a las personas defensoras de derechos humanos que operan en la región, quienes se encuentran en una situación de riesgo incrementada tras los sucesos en Rigores.
Sobre la naturaleza de este conflicto, Juan Carlos Monge, representante de la OACNUDH en Honduras, señaló que esta problemática no es un evento aislado, sino un desafío persistente con raíces estructurales. Según Monge, la violencia en la zona se entrecruza con factores críticos como la pobreza, la desigualdad, la impunidad y una limitada presencia del Estado. Estas condiciones afectan negativamente el ejercicio de los derechos humanos básicos, haciendo indispensable que el Estado fortalezca las respuestas integrales de prevención, protección y, fundamentalmente, el acceso a la tierra y al territorio.
Esta advertencia no es nueva para el organismo internacional. En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ya había alertado sobre la presencia de organizaciones criminales con capacidad de influencia territorial en las zonas aledañas a las cooperativas campesinas del Bajo Aguán. El informe detallaba que la violencia perpetrada por estos grupos ha tenido consecuencias devastadoras, incluyendo el desplazamiento forzado de personas, riesgos constantes para las comunidades rurales y graves afectaciones al ejercicio de los derechos humanos.
Para la OACNUDH, estos hechos recientes evidencian la necesidad urgente de abordar de manera integral la conflictividad histórica y social vinculada a la propiedad de la tierra y el territorio. El organismo sostiene que existen desafíos estructurales persistentes que agravan las tensiones en la región, lo que convierte la intervención estatal en una prioridad inaplazable.
Finalmente, la Oficina recordó la importancia de manejar la situación con responsabilidad comunicativa, instando a evitar discursos estigmatizantes, actos de represalia o cualquier acción que pueda incrementar los riesgos para las comunidades afectadas, las víctimas, los medios de comunicación y los defensores de derechos humanos.
La OACNUDH reiteró que la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la atención integral a las causas estructurales de la violencia son los únicos elementos fundamentales para avanzar hacia una paz sostenible en la región. El organismo cerró su pronunciamiento expresando su solidaridad con las víctimas y sus familias, reafirmando su compromiso de continuar acompañando los esfuerzos orientados a la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras.
