La Policía Nacional de Honduras ha asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en la zona norte del país. En una operación coordinada y basada en trabajos de inteligencia, las autoridades lograron la captura de tres personas señaladas como presuntos integrantes del Cártel del Diablo, una organización que ha sido catalogada por las instituciones de seguridad como una estructura terrorista debido a la gravedad de sus actividades ilícitas.
El operativo tuvo lugar en el municipio de Sulaco, ubicado en el departamento de Yoro. Según los reportes oficiales emitidos por la entidad policial, este municipio había sido previamente identificado a través de labores de seguimiento como un punto estratégico para las operaciones logísticas y tácticas de este grupo criminal. La intervención fue el resultado de un despliegue multidisciplinario que involucró a diversas unidades especializadas de la seguridad pública.
La ejecución de las capturas estuvo bajo la responsabilidad directa de agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), la cual se encuentra adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Para garantizar el éxito de la misión y la seguridad de los operativos, la UNAS trabajó en estrecha coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
En cuanto a los detenidos, las investigaciones de inteligencia permitieron determinar que los tres sospechosos —un hombre y dos mujeres— están vinculados a delitos de alta peligrosidad, específicamente secuestro agravado y asociación para delinquir. El sujeto masculino ha sido señalado como un integrante activo del Cártel del Diablo, cuya función principal dentro de la jerarquía de la organización sería la de gestionar y realizar los cobros relacionados con los secuestros atribuidos a esta estructura criminal.
Por su parte, las dos mujeres capturadas son residentes del municipio de Sulaco, Yoro. A ellas se les imputa la presunta participación en el delito de asociación para delinquir. Las diligencias policiales indican que ambas formarían parte de la organización y estarían directamente vinculadas con la venta y distribución de sustancias estupefacientes en la zona, extendiendo así el brazo operativo del cártel en la región.
Este operativo se enmarca en una ofensiva más amplia contra el Cártel del Diablo. César Ruiz, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, informó a través de los Noticieros Hoy Mismo que, hasta la fecha, se contabilizan más de 20 personas detenidas en la zona norte del país por presuntos vínculos con esta misma organización criminal.
La UNAS-DPI ha subrayado que esta estructura no solo se dedica al tráfico de drogas, sino que está profundamente vinculada con la comisión de secuestros y muertes violentas. De acuerdo con los análisis policiales, el Cártel del Diablo mantiene una presencia distribuida en varios sectores del territorio nacional, lo que impulsa a las autoridades a intensificar la identificación de sus miembros para esclarecer hechos criminales y llevar a los responsables ante los tribunales de justicia.
Durante el desarrollo del operativo en Sulaco, los agentes procedieron al decomiso de dos teléfonos celulares de marcas diversas. Estos dispositivos han sido trasladados para someterse a análisis técnicos forenses, con el objetivo de extraer información que permita fortalecer las investigaciones y posiblemente identificar a otros colaboradores de la red criminal.
Una vez efectuadas las capturas, los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) en la zona norte, donde se procedió a la emisión del respectivo requerimiento fiscal. Posteriormente, fueron trasladados a los Juzgados en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Tras la audiencia de declaración de imputado, el juez dictó la medida de detención judicial para los tres procesados.
Finalmente, las autoridades informaron que los tres detenidos cumplirán su medida cautelar en el centro penal de El Progreso, Yoro, mientras el proceso judicial sigue su curso para determinar las responsabilidades penales definitivas de cada uno de los imputados.
