El Consejo de Estado ha tomado una decisión jurídica de gran impacto al tumbar provisionalmente la suspensión de las órdenes de captura que beneficiaban a siete sujetos señalados como cabecillas peligrosos de diversas bandas delincuenciales. Estos individuos, que gozaban de libertad gracias a dichos beneficios, ejercían o habían ejercido un amplio poder criminal en la ciudad de Medellín, en otros nueve municipios del Valle de Aburrá, así como en Bogotá y Soacha.
Entre los implicados se encuentra Alberto Antonio Henao Acevedo, conocido bajo el alias de 'Albert'. Este sujeto es reconocido como un cabecilla histórico de la banda Pachelly, organización que operaba principalmente en el municipio de Bello. A lo largo de su trayectoria delictiva, Albert ha sido capturado en reiteradas ocasiones y condenado por el delito de concierto para delinquir. Debido a su nivel de influencia y mando dentro de dicha estructura, las autoridades lo han señalado como un miembro poderoso dentro de la organización criminal conocida como la Oficina.
Asimismo, la medida alcanza a Edilberto o Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias 'Mundo Malo'. Este individuo, que ha enfrentado la justicia utilizando dos nombres distintos, fue capturado en Chile en el año 2014. Su huida al país sudamericano se produjo tras la captura de su antiguo jefe, Ericson Vargas Cardona, alias 'Sebastián', quien era el cabecilla de la Oficina y fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
Según los informes de la Policía, Mundo Malo posee un pasado como guerrillero y posteriormente como paramilitar. Se le atribuye la responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de 14 familias en el sector oriente de Medellín, la apropiación ilegal de sus viviendas y la implementación de esquemas de extorsión dirigidos a transportadores y comerciantes en los barrios La Esperanza, Moscú, Granizal, La Avanzada y Santo Domingo Savio. Además, se señala que desde Chile organizó rutas millonarias de préstamos bajo la modalidad 'gota a gota', lo que llevó a su detención mediante una circular azul de Interpol.
Fredy Alexander Henao Arias, alias 'Naranjo', también ha sido incluido en la medida cautelar urgente del Consejo de Estado. Naranjo fue capturado por la Policía en el año 2021, momento en el cual fue identificado como el segundo cabecilla de la banda Los Triana. Esta organización tiene una fuerte influencia en las comunas 1 (Popular) y 2 (Santa Cruz) de Medellín, extendiendo su control a las comunas 10 y 11 del municipio de Bello. Su detención ocurrió en una finca ubicada en Copacabana, donde se destacó un detalle particular: el sujeto contaba con loros entrenados para alertar sobre la llegada de las fuerzas del orden, animales que gritaban “Ahí vienen, ahí vienen” al detectar la presencia policial.
Por otro lado, Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias 'Clemente', figura en la decisión judicial. En el año 2019, fue catalogado como el delincuente con mayor poder dentro de La Oficina. Su captura se produjo en un operativo realizado en una zona exclusiva del embalse de La Fe, en el municipio de El Retiro. A Clemente se le atribuye la coordinación del envío de estupefacientes hacia México, Centroamérica y Estados Unidos. El general Óscar Atehortúa, quien fuera director de la Policía, indicó que este hombre movilizaba semanalmente la suma de 1.200 millones de pesos provenientes de actividades ilícitas. Según declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Clemente delinquió durante más de dos décadas en La Oficina, trabajando junto a capos como alias Rogelio, alias Tom y alias Pichi.
El grupo de cabecillas se completa con Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias 'el Abogado'; Rodrigo Henao Acevedo, alias 'Perica'; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como 'el Montañero'. Este último es señalado como el cabecilla de la banda El Mesa, una agrupación criminal con presencia en el Valle de Aburrá, el oriente y el suroeste antioqueño, así como en Bogotá y Soacha.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó que el Montañero ha sembrado terror en Bogotá y el oriente antioqueño, subrayando que desde el departamento se había advertido sobre el enorme riesgo que representaba tener a estos bandidos en las calles. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que la justicia les dio la razón al suspender los beneficios de estos siete cabecillas, quienes durante años han provocado miedo, desplazamiento, extorsión y violencia en los barrios.
Para llegar a esta medida cautelar, el Consejo de Estado analizó diversos elementos probatorios. Entre ellos destacan alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la resolución de la Fiscalía donde se había determinado el levantamiento de las órdenes de captura. También se consideraron nueve oficios enviados el 2 de abril de 2026 por la Gobernación de Antioquia a entidades como el Inpec, la UARIV, la Embajada de Estados Unidos, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Interpol, la Defensoría del Pueblo, el municipio y el Concejo de Rionegro.
Finalmente, fue determinante para el fallo el informe periodístico publicado por SEMANA el 4 de abril de 2026, titulado ‘Fracasó la paz total: cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro volvieron a delinquir. SEMANA revela alarmante radiografía’.
