El director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, rompió el silencio este martes para referirse a la reciente determinación tomada por la Corte Plena del Poder Judicial. A través de un comunicado oficial remitido a diversos medios de comunicación, Zúñiga abordó la decisión de los magistrados de revocar su nombramiento, asegurando enfáticamente que, contrario a lo que se pueda interpretar, no ha sido despedido de su cargo ni existe, hasta el momento, una resolución firme que determine su destitución definitiva.
En el documento emitido, el funcionario explicó detalladamente su perspectiva sobre lo resuelto el pasado lunes por la máxima instancia del Poder Judicial. Zúñiga subrayó que la medida adoptada por los magistrados no representa una sentencia final sobre el fondo de los hechos que se le imputan, sino que se trata de una figura jurídica distinta. Según sus palabras, lo resuelto corresponde a una "medida cautelar intraprocesal", la cual consiste en mantener la suspensión temporal de su cargo mientras el proceso continúa su curso.
De acuerdo con la aclaración brindada por el director, esta suspensión temporal deberá extenderse por un periodo adicional de ocho días. Con este argumento, Zúñiga busca diferenciar la suspensión preventiva de una destitución formal, insistiendo en que el proceso administrativo aún no ha alcanzado una etapa de resolución definitiva que lo aparte permanentemente de la dirección del organismo investigador.
Otro punto fundamental abordado en el comunicado fue la relación entre esta decisión judicial y las recientes informaciones difundidas por el noticiero Central Noticias, del canal Opa. El funcionario descartó tajantemente que la determinación de la Corte Plena sea una consecuencia de las publicaciones realizadas por dicho medio, las cuales hacían referencia a una supuesta filtración de información confidencial a terceros, incluyendo datos sensibles y fotografías de cadáveres vinculadas a diversos casos.
Sobre este punto específico, Randall Zúñiga aclaró que la investigación relacionada con esas presuntas filtraciones de información no ha comenzado aún, indicando que dicho proceso iniciará formalmente el próximo 25 de mayo. Por lo tanto, sostuvo que no es posible que la resolución actual sea el resultado de un proceso que todavía no ha arrancado.
Respecto a su silencio previo, el funcionario indicó que había optado por no emitir declaraciones durante los últimos días por respeto al proceso legal en curso. No obstante, afirmó que consideró necesario pronunciarse en este momento para hacer valer sus garantías fundamentales, haciendo especial énfasis en el derecho a la presunción de inocencia. Para Zúñiga, era imperativo aclarar su situación laboral y jurídica ante la opinión pública para evitar malentendidos sobre su permanencia en la institución.
Asimismo, el director aprovechó el comunicado para reiterar su profundo respeto hacia todos los funcionarios que integran el Organismo de Investigación Judicial. Zúñiga enfatizó la importancia crítica de preservar la independencia de la institución, argumentando que el OIJ debe operar libre de influencias externas y que ningún caso, independientemente de su naturaleza, debe resolverse basándose en presiones mediáticas.
Por otro lado, el contexto de esta controversia se remonta a la decisión de la Corte Plena, que determinó revocar su nombramiento como director del OIJ. Los argumentos esgrimidos por el Poder Judicial para tomar esta medida se basan en el presunto incumplimiento de sus deberes, la afectación a la imagen institucional del Poder Judicial y la divulgación de información que posee carácter confidencial.
Finalmente, se ha informado que la investigación que originó esta situación comenzó en octubre de 2025. Durante todo el transcurso de este proceso, Randall Zúñiga se ha mantenido en estado de suspensión, aunque con el goce de su salario, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes y se llega a una resolución final sobre su futuro en la dirección general del organismo.
