El gobierno enfrenta un creciente rechazo por los proyectos de ley presentados esta semana para abordar la violencia escolar, desatada tras el trágico asesinato de una inspectora en Calama. Si bien una iniciativa busca endurecer las penas para delitos cometidos en colegios, la propuesta “Escuelas Protegidas”, del Ministerio de Educación, ha generado una fuerte controversia.
El Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, calificó la propuesta como “pobre” y centrada en “sanciones que apuntan a los efectos, pero no a las causas”, omitiendo la crucial necesidad de abordar la salud mental de los estudiantes, un factor clave en casos como el de Calama. Aguilar criticó la ley por equiparar actos violentos con protestas pacíficas, afectando potencialmente el derecho a la manifestación de los alumnos y las legítimas demandas de los profesores.
En el Congreso, legisladores de la oposición también expresaron su descontento. Emilia Schneider (FA) advirtió que la educación chilena necesita “buenas políticas públicas, no medidas simbólicas”, mientras que Juan Santana (PS) cuestionó la falta de recursos para la educación pública y la detección temprana de la violencia.
La diputada Daniela Serrano (PC) acusó al gobierno de buscar “cortar beneficios sociales”, señalando que el proyecto podría restringir el acceso a la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por delitos, incluso por participar en movilizaciones legítimas. César Valenzuela (PS) lamentó la búsqueda de “soluciones fáciles” ante problemas complejos, como la posible pérdida de la gratuidad por un simple “desorden”.
Las críticas apuntan a que las medidas propuestas son insuficientes, poco pedagógicas y podrían afectar negativamente a los estudiantes más vulnerables, en lugar de abordar las causas profundas de la violencia escolar. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
