Línea 4: La política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una severa crisis. Según una investigación de la revista SEMANA, el 40 por ciento de los criminales que se beneficiaron de la suspensión de órdenes de captura en el marco de las negociaciones de paz han recaído en la delincuencia, reactivando 121 de las 205 órdenes inicialmente congeladas. La inversión en estos diálogos, que buscaban la desmovilización de diversos grupos armados, supera los 100.000 millones de pesos, generando cuestionamientos sobre su efectividad y el destino de los recursos.
La Fiscalía confirmó, en respuesta a un derecho de petición de SEMANA, que entre el 7 de agosto de 2022 y el 12 de febrero de 2026, se solicitó la suspensión de órdenes de captura para 182 individuos, posteriormente ampliados a 205, considerados representantes de grupos armados y estructuras criminales de alto impacto. La distribución de estos beneficiarios revela la diversidad de actores involucrados: 33 miembros del ELN, 81 disidentes de las Farc, 17 de la Segunda Marquetalia, 11 de los Comuneros del Sur, 7 de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, 3 del Clan del Golfo, 10 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y 12 y 23 individuos vinculados a estructuras criminales de Quibdó y Medellín, respectivamente.
El informe revela que, mientras 121 criminales aún gozan de este beneficio, las autoridades rastrean a los restantes por incumplir los acuerdos o por la comisión de nuevos delitos. La reactivación de las órdenes de captura se ha intensificado, evidenciando la falta de compromiso de muchos de los beneficiarios con el proceso de paz. La Casa de Nariño solicitó la reactivación de 33 capturas contra representantes del ELN debido a acciones violentas en Norte de Santander, que han afectado a excombatientes, líderes sociales y campesinos. El conflicto en el Catatumbo, exacerbado por la presencia del ELN, ha dejado un saldo de 190 homicidios, 101.439 desplazados, 283 confinados y 5 desaparecidos entre enero de 2025 y marzo de este año.
Entre los criminales cuyas órdenes de captura han sido revocadas se encuentran figuras prominentes como Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Luz Pallares Pallares, alias Silvana Guerrero, y Aureliano Carbonell, alias Pablo Tejada, todos ellos vinculados a graves delitos, incluyendo el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que causó la muerte de 22 personas.
Un general (r) de la Policía, que prefirió mantener su anonimato, calificó la estrategia del gobierno como “ingenuidad frente al enemigo”, señalando que se apostó por la negociación sin evaluar adecuadamente los riesgos. “Estos tipos aprovecharon la suspensión de capturas para armarse, expandir sus capacidades criminales y moverse con tranquilidad. Hoy estamos viendo las consecuencias”, afirmó.
El costo de las negociaciones es considerable. El Fondo de Programas Especiales para la Paz ha destinado más de 100.000 millones de pesos a medidas de protección, viáticos y transporte aéreo para los integrantes de los grupos armados. La solicitud de acceso a las facturas de estos gastos fue negada, argumentando que la información está sujeta a reserva legal y a políticas internas de protección.
La situación es particularmente preocupante en el caso de las disidencias de las Farc, que se han beneficiado tanto de las suspensiones de órdenes de captura como de los ceses al fuego. Durante 459 días, las fuerzas de seguridad no combatieron a la estructura de Iván Mordisco, mientras que el grupo de Calarcá permaneció sin ser objeto de operaciones de persecución durante 762 días, por orden directa del presidente Petro. Esta permisividad ha permitido a las disidencias aumentar su presencia territorial y su capacidad operativa, pasando de 3.275 a 9.634 hombres en lo que va del gobierno actual, con un incremento del 160 por ciento en el reclutamiento de menores de edad.
Según Leonardo González, director de Indepaz, estas estructuras operan como “dictaduras locales”, controlando las economías ilícitas y ejerciendo un control férreo sobre las poblaciones. Mordisco ha establecido una suerte de república independiente en las montañas de Jamundí, sitiando a Cali con 42 atentados terroristas en los últimos dos años y controlando pueblos enteros en Cauca, introduciendo incluso drones cargados de explosivos en el conflicto armado. Calarcá, por su parte, ha doblegado a mandatarios locales, ordenado homicidios y extorsionado a la población para permitirles trabajar y vivir.
La Fiscalía ha revocado 42 de las 81 suspensiones de órdenes de captura relacionadas con las disidencias de las Farc, incluyendo las de Jesús María Restrepo Borja, alias Panda; Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo; y Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro, este último abatido por las Fuerzas Militares el 10 de marzo. Se espera que la orden de captura contra alias Calarcá sea reactivada en los próximos días, dada su vinculación con múltiples delitos cometidos durante las negociaciones, incluyendo un ataque a un helicóptero en Antioquia que dejó 13 policías muertos y el asesinato de 7 militares en Guaviare.
El Ministerio de Defensa y la Fiscalía consideran que existen pruebas suficientes para procesar a Calarcá por estos crímenes. La situación se agrava con la posibilidad de que alias Calarcá y otros cabecillas de las disidencias hayan sido transportados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo que sugiere posibles vínculos con funcionarios del gobierno y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Las negociaciones con la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también han resultado costosas, con inversiones de 13.106 millones de pesos entre febrero de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, no se han logrado acuerdos concretos para el desarme total y la desvinculación del narcotráfico.
El gobierno ha invertido 2.636 millones de pesos en honorarios, medidas de protección, transporte aéreo y viáticos para el Clan del Golfo, pero la negociación se ha estancado en el cambio de nombre a Ejército Gaitanista de Colombia, sin avances significativos en su desmovilización.
Ante este panorama, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, advierte que los grupos ilegales están jugando con la paz y que la única opción viable es su sometimiento a la justicia ordinaria. La aprobación de un proyecto de ley que permita un marco jurídico especial para estos grupos enfrenta obstáculos en el Congreso, dejando la tarea pendiente para el próximo gobierno.
La Oficina del Comisionado de Paz ha informado que las conversaciones con las bandas criminales de Barranquilla se encuentran en fase exploratoria. El futuro de la política de Paz Total del gobierno Petro es incierto, y la seguridad nacional se encuentra en una situación crítica.
