Los familiares de las 69 víctimas mortales del accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, han denunciado la exigencia de dinero para poder identificar y reclamar los cuerpos de sus seres queridos. Ante esta situación, el Ejército Nacional ha emitido una advertencia y ha reiterado que todos los trámites relacionados con la tragedia son completamente gratuitos.
El accidente, ocurrido el pasado 23 de marzo, ha sumido al país en un profundo luto. La aeronave, perteneciente a la Fuerza Aeroespacial, se estrelló pocos minutos después de despegar, cobrándose la vida de 69 soldados. El Estado colombiano ha manifestado su acompañamiento a las familias afectadas, pero la aparición de estafadores ha complicado aún más el proceso de duelo.
Según las denuncias, algunos individuos se están haciendo pasar por gestores y están solicitando dinero a las familias a cambio de agilizar los trámites de identificación y entrega de los cuerpos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido categóricamente estas acusaciones, afirmando que “Eso es falso”. Ha enfatizado que todos los costos asociados al proceso, incluyendo los seguros obligatorios, subsidios y servicios funerarios, serán asumidos por el Estado colombiano y no requieren de intermediarios.
El Ejército Nacional ha centralizado todos los trámites a través de los centros de familia a nivel nacional y ha instado a las familias a mantenerse atentas a la información oficial proporcionada por las autoridades. Además, han reiterado la importancia de “extrema precaución” frente a cualquier oferta de ayuda de terceros. Para recibir orientación sobre el proceso de cesantías, el Comando de Personal ha habilitado el número telefónico 312 242 6437.
El accidente del Hércules C-130 ha generado un debate nacional sobre el estado de la flota aérea militar. El presidente Gustavo Petro ha señalado a su antecesor, Iván Duque, por haber adquirido un avión “chatarra” de Estados Unidos, cuestionando la decisión de comprar una aeronave de 43 años de antigüedad. Petro ha argumentado que los mantenimientos son más valiosos que un avión nuevo y ha preguntado por el costo de las vidas perdidas.
Duque ha respondido a las acusaciones de Petro, calificándolas de “ruin y falto de inteligencia”. Ha instado al presidente actual a realizar una investigación exhaustiva que incluya el peso que llevaba el avión al momento del despegue y el estado de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo.
El gobernador del departamento de Putumayo, Jhon Molina, ha respaldado las preocupaciones sobre las condiciones del aeropuerto, denunciando que “tiene varias dificultades” y “requiere de mayor inversión”. Ha destacado que el acceso al lugar del accidente es complicado, ya que solo se puede llegar por vía aérea o en lancha después de un trayecto de cinco horas desde la capital departamental, Puerto Asís. Molina ha resaltado el papel fundamental de los pobladores locales en las labores de rescate, quienes contribuyeron a que la cifra de muertos no fuera aún mayor.
El balance oficial de la tragedia indica que la aeronave transportaba 126 ocupantes y municiones. Además de los 69 soldados fallecidos, se reportaron campesinos que sufrieron lesiones debido a la explosión de las municiones.
La tragedia ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir en el mantenimiento y modernización de la flota aérea militar, así como en la mejora de la infraestructura aeroportuaria en zonas remotas del país. El Estado colombiano se enfrenta al desafío de brindar un apoyo integral a las familias de las víctimas, garantizando que los trámites sean transparentes y gratuitos, y protegiéndolas de posibles estafas. La investigación sobre las causas del accidente continúa en curso, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que llevaron a esta lamentable tragedia y prevenir futuros incidentes. La atención a las familias y la búsqueda de justicia para las víctimas son prioridades para el gobierno colombiano en este momento de dolor y consternación nacional. El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad aérea en Colombia y la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos y procedimientos para garantizar la integridad de las operaciones militares y civiles. La comunidad internacional ha expresado sus condolencias y ha ofrecido su apoyo al gobierno colombiano en este difícil momento.
