El senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, tras ser hallado culpable de desviar cerca de 90 mil millones de pesos en la contratación de obras públicas en cinco departamentos, incluyendo Caldas y Tolima. La decisión, dictada por la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
La sentencia, que abarca 438 páginas y tuvo como ponente al magistrado Jorge Emilio Caldas, establece una pena principal de 279 meses y ocho días de prisión, además de una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días, y una multa de 22.340 millones de pesos, que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho. La Corte negó la posibilidad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, lo que implica que Ramírez deberá cumplir la condena en un centro penitenciario.
La investigación judicial reveló que el congresista lideró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, contratistas y particulares, quienes manipularon convenios para beneficiar a quienes apoyaron su campaña política. La Corte determinó que el entramado criminal se dedicó a direccionar los actos contractuales hacia contratistas específicos a cambio de beneficios electorales, contratos que, paradójicamente, tenían como objetivo la construcción, implementación y mejoramiento de vías, obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población. La sentencia enfatiza la gravedad de las conductas de Ramírez, al desvirtuar el propósito de la contratación pública, que debe estar orientada a satisfacer necesidades colectivas y garantizar transparencia.
El origen de la investigación, el juicio y la posterior condena de Ramírez se remonta a un contrato celebrado en noviembre de 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un valor superior a los 48.660 millones de pesos. Este contrato inicial desencadenó una cascada de investigaciones que evidenciaron una red de contratos irregulares con la empresa Proyecta, a cambio de un porcentaje para el senador del Centro Democrático. En diciembre de 2023, la Corte ordenó la captura del político, y en abril de 2024, fue formalmente acusado.
Durante el proceso, la Corte recopiló y analizó una amplia gama de pruebas, incluyendo testimonios, documentos, chats, correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y registros de ingresos a entidades financieras. Los testimonios de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa Proyecta, y Alejandro Noreña Castro, exasesor y supuesto enlace de la empresa con el excongresista, fueron cruciales para la condena. Ambos, previamente condenados por su participación en el entramado criminal, llegaron a un acuerdo con la justicia para colaborar con la investigación a cambio de beneficios en sus propias penas.
La investigación judicial determinó que el objetivo principal de la organización criminal era consolidar el proyecto político de Ramírez en los departamentos de Quindío, Caldas, Santander y Tolima, a través del pago de coimas que superaron los mil millones de pesos. La Corte señaló que el delito de concierto para delinquir por parte de Ramírez se evidenció con el apoyo del exalcalde de Piedecuesta (Santander), Raúl Cardozo Ordóñez, y del contratista Anderson González González, quienes, a cambio de una participación en los beneficios ilícitos, ayudaron al senador a obtener suficientes votos en Santander, Quindío y Caldas para asegurar su regreso al Congreso.
La sentencia también destaca que Ramírez se valió de su cargo como senador para establecer contactos con funcionarios del sector público e intervenir en procedimientos administrativos y de contratación, utilizando un entramado burocrático para obtener provecho ilícito. Esta injerencia le permitió materializar múltiples conductas punibles en detrimento del Estado, desviando recursos públicos para fines personales y políticos.
La Corte Suprema de Justicia enfatizó que las acciones de Ciro Ramírez se apartaron de manera ostensible de los fines constitucionales de la contratación pública, que deben estar orientadas a satisfacer necesidades colectivas, realizar obras para beneficio general y garantizar eficiencia y transparencia. En cambio, su interés se dirigió a finalidades estrictamente personales y políticas, ajenas al bien común, lo que constituye una grave violación de la confianza pública y un atentado contra los principios fundamentales del Estado de Derecho.
