La Administración de Trump ha amenazado con desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de todo el país el lunes si el Congreso no logra llegar a un acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno. Esta medida, anunciada por el propio Presidente Trump el sábado, se produce en un momento de creciente caos en los aeropuertos, con largas filas de seguridad, un número cada vez menor de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) trabajando sin cobrar y un creciente número de renuncias. La administración no ha aclarado qué funciones desempeñarán los agentes de ICE, que carecen de la capacitación especializada necesaria para realizar controles de seguridad, una tarea que requiere meses de entrenamiento para los agentes de la TSA.
La situación es crítica. Los 61.000 empleados de la TSA han estado trabajando sin paga durante semanas, y las tasas de absentismo han aumentado drásticamente, superando el 9% durante seis días consecutivos la semana pasada, alcanzando un máximo del 10,22% el lunes. Esta escasez de personal ha provocado retrasos significativos en los controles de seguridad, con tiempos de espera que alcanzan las dos horas en algunos aeropuertos importantes, como el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, donde más de un tercio del personal de seguridad estuvo ausente la semana pasada. En el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston, más de la mitad del personal de la TSA no se presentó a trabajar el viernes.
El Secretario del Departamento de Transporte advirtió que la próxima semana de viajes será "peor que nunca", y George Borek, funcionario de la TSA de Atlanta y delegado sindical, teme que la situación "va a empeorar mucho en las próximas semanas" si el cierre continúa, ya que los agentes de la TSA, enfrentando dificultades financieras, se ven obligados a elegir entre ir a trabajar sin cobrar o quedarse en casa. Borek ha expresado su preocupación por la posible contratación de personal sin formación, argumentando que "si se contrata a personas sin formación y que no saben qué buscar, sin duda podría haber problemas". Incluso los agentes de la TSA con formación deben volver a certificarse tras tomarse 30 días de baja médica, lo que subraya la importancia de una capacitación adecuada.
La amenaza de Trump de desplegar agentes de ICE ha sido recibida con escepticismo por algunos. Borek cuestiona cómo los agentes de ICE podrían ayudar a aliviar la situación, dado que no están capacitados para realizar controles de seguridad. Los agentes de ICE podrían desempeñar funciones limitadas, como gestionar las filas, dirigir a los pasajeros o facilitar el paso por el control, para así liberar a los oficiales capacitados de la TSA para funciones de seguridad críticas, pero su impacto en la reducción de los tiempos de espera es incierto. La administración Trump tampoco ha especificado a qué aeropuertos podrían dirigirse los agentes de ICE.
La situación se agrava por el creciente número de agentes de la TSA que están renunciando debido a la falta de pago. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que más de 400 agentes han renunciado desde el inicio del cierre del gobierno, y los líderes sindicales informan que muchos otros se han tomado un tiempo libre no programado porque no pueden costear la gasolina o el cuidado de los niños necesarios para ir a trabajar. Los trabajadores de la TSA que trabajan sin cobrar durante la ajetreada temporada de viajes de las vacaciones de primavera están a punto de seguir enfrentándose a un efecto dominó de dificultades financieras entre bastidores, que incluyen desahucios, neveras vacías y cuentas bancarias en descubierto.
Existe la posibilidad real de que algunos aeropuertos se vean obligados a cerrar por completo si la escasez de personal de la TSA empeora. Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, advirtió que "no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan las tasas de ausencias". La TSA no tiene la potestad de cerrar unilateralmente un aeropuerto, pero si no hay personal disponible para realizar los controles de seguridad obligatorios, los viajeros no podrán volar.
Afortunadamente, algunos aeropuertos no se han visto afectados en gran medida por el cierre del gobierno. En 20 aeropuertos de Estados Unidos, el control de seguridad no lo realiza la TSA, sino empresas privadas, y en sus puntos de control no se observan largas filas. Estos aeropuertos participan en el Programa de Colaboración para el Control de Seguridad de la TSA, que utiliza contratistas en los puntos de control.
El cierre parcial del gobierno es uno de los tres problemas de financiación que han provocado que el personal de la TSA no haya recibido su salario en los últimos seis meses, poco después del histórico cierre de 43 días a finales del año pasado y de una breve interrupción en enero. El punto muerto en el Congreso respecto a la financiación de la seguridad fronteriza, en particular la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, es el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo. Los demócratas se oponen a la financiación del muro, mientras que Trump insiste en que es esencial para la seguridad nacional.
La situación en los aeropuertos de Estados Unidos es un reflejo de la crisis política más amplia que está paralizando al gobierno federal. A medida que el cierre se prolonga, los viajeros se enfrentan a retrasos, frustraciones y la creciente posibilidad de que sus planes de viaje se vean interrumpidos. La amenaza de Trump de desplegar agentes de ICE es un intento desesperado por abordar la crisis, pero su eficacia es cuestionable y podría incluso exacerbar la situación si los agentes no están debidamente capacitados para realizar controles de seguridad. La resolución de esta crisis requiere un compromiso político y una solución de financiación que permita a la TSA pagar a sus empleados y mantener la seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos.
