Gustavo González López, un militar con un largo historial de acusaciones de violaciones de derechos humanos y corrupción, ha sido nombrado nuevo ministro de Defensa de Venezuela, reemplazando a Vladimir Padrino López tras 12 años en el cargo. El nombramiento, anunciado este miércoles, ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes lo califican como un "reciclaje de la impunidad" y un duro golpe para cualquier posibilidad de transición democrática en el país.
González López no es un rostro desconocido en las estructuras de poder venezolano. Asumió por primera vez la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en febrero de 2014, un año marcado por masivas y violentamente reprimidas protestas antigubernamentales. Su trayectoria ha estado marcada por ascensos y descensos, pero siempre manteniendo una posición clave dentro del aparato de seguridad del Estado. Tras el ascenso de Nicolás Rodríguez a la presidencia temporal en enero, fue nombrado jefe de la Guardia de Honor Presidencial y director general de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), consolidando aún más su poder.
Sin embargo, es su gestión al frente del Sebin lo que ha generado la mayor controversia. González López dirigió el Sebin en dos ocasiones: entre 2014 y 2018, y nuevamente entre 2019 y 2024. Durante este tiempo, ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a acusaciones de corrupción y, principalmente, por su presunta responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos.
En 2015, la administración de Barack Obama impuso sanciones personales a González López, acusándolo de ser "responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos". La reacción del gobierno venezolano fue nombrar a González López ministro de Interior, una decisión que, según Maduro, buscaba "asegurar la paz, la seguridad ciudadana y nacional" con el "premio del imperio americano". En este cargo, entre 2015 y 2016, continuó desempeñando simultáneamente sus funciones en el Sebin.
Las sanciones de la Unión Europea se basan en denuncias de que, durante su gestión en el Sebin, funcionarios bajo su autoridad cometieron actos de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, incluyendo violencia sexual, en el centro de detención El Helicoide, tristemente conocido como el "mayor centro de tortura en Venezuela".
Organizaciones de derechos humanos como Provea y Human Rights Watch han expresado su profunda preocupación por este nombramiento. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, advierte que "designarlo ministro de Defensa, en la práctica implica mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por gravísimas violaciones de Derechos Humanos, incluidas tortura o detenciones arbitrarias".
Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz, coincide en que el nombramiento es "una terrible señal para la posibilidad de una transición a la democracia, un espaldarazo a la impunidad". Uzcátegui destaca que González López es "el funcionario sobre el que hay más evidencia en graves crímenes contra la humanidad".
Dentro del extenso historial de González López, tres eventos destacan por su gravedad y las consecuentes sanciones. El primero es la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una política de mano dura implementada por el gobierno de Nicolás Maduro en 2015 para combatir la violencia en Venezuela. La OLP implicó el despliegue de fuerzas especiales y militares en zonas específicas del país, especialmente en Caracas, que en ese momento era considerada la ciudad más violenta del mundo.
La metodología de la OLP, nunca detallada públicamente, fue objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Los operativos solían realizarse de madrugada, con agentes encapuchados que irrumpían en los barrios más pobres y violentos, allanando viviendas y deteniendo a jóvenes. Según datos de Cofavic, el 78% de las víctimas de la OLP eran menores de 25 años y el 99% hombres. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que muchas de estas muertes eran "ejecuciones extrajudiciales".
González López, como ministro de Interior, coordinó a los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo las OLP. El Ministerio Público registró 505 personas "abatidas" en estos operativos entre marzo de 2015 y julio de 2017.
Tras las denuncias de violaciones de derechos humanos, la OLP fue formalmente abandonada, pero sus funciones fueron asumidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dependientes de la Policía Nacional Bolivariana y, en última instancia, del Ministerio de Interior.
El segundo evento clave en el historial de González López es su papel en la represión de las protestas de 2014 y 2017. Durante su gestión al frente del Sebin, el servicio de inteligencia fue utilizado como instrumento de represión selectiva, según un informe de Laboratorio de Paz y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. El informe denuncia que el Sebin se orientó hacia la neutralización de opositores y críticos del gobierno, mediante el uso de mecanismos de inteligencia para el control político.
Uzcátegui explica que González López "participó en la criminalización de líderes políticos, estigmatización de organizaciones de Derechos Humanos y estableció procedimientos para ello. Básicamente, el Sebin se usó como organismo de persecución política y se estableció un método de seguimiento, vigilancia y detención de líderes políticos. Y se consolidaron muchos patrones de violación de derechos humanos".
Human Rights Watch señala que la Misión de la ONU encontró "motivos razonables para creer que él tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves delitos contra opositores", incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual.
El tercer evento significativo es el caso de Fernando Albán, un concejal opositor que murió tras caer desde un piso 10 de las instalaciones del Sebin en Plaza Venezuela en octubre de 2018. El gobierno inicialmente alegó suicidio, pero organizaciones de derechos humanos y la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz denunciaron que se trató de un asesinato. Aunque dos funcionarios del Sebin fueron condenados por homicidio culposo en 2021, la decisión fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos que exigen una investigación imparcial y una condena apropiada.
González López estaba al mando del Sebin en el momento de la muerte de Albán y, según Uzcátegui, "hubo muchas denuncias sobre su participación en el Helicoide, pero también en sede de Plaza Venezuela".
Con su nuevo cargo como ministro de Defensa, González López tendrá bajo su mando no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Milicia Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y el DGCIM, la contrainteligencia del país. Este nombramiento, según Uzcátegui, "no es un anuncio de flexibilización de los derechos políticos, sino todo lo contrario. Es un mensaje de que las políticas de persecución y hostigamiento van a continuar. En materia de derechos humanos es terrible, muy mal signo para la sociedad venezolana y para la transición".
