La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, continúa generando controversia desde su reclusión en una escuela de Carabineros en Bogotá. Un informe reservado, revelado por Noticias RCN, expone una serie de presuntos privilegios y conflictos internos que rodean su estancia en el centro penitenciario, poniendo en tela de juicio la seguridad y el cumplimiento de las normas dentro de la institución.
Barrera Rojas cumple una condena de 5 años y 3 meses de prisión, impuesta en 2025, por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación en servicio público de transporte colectivo y daño en bien ajeno. Estos cargos se derivan de su participación en actos de vandalismo contra una estación de Transmilenio en 2019, un incidente que captó la atención pública y desencadenó un debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas en redes sociales.
Tras un paso previo por la cárcel El Buen Pastor, Epa Colombia fue trasladada a la escuela de Carabineros, un cambio que, según el informe, ha venido acompañado de una serie de irregularidades. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, se le habrían encontrado en su poder al menos cinco teléfonos celulares, una clara violación de las normas penitenciarias que prohíben la posesión de estos dispositivos a las personas privadas de la libertad. Este hallazgo ha levantado sospechas sobre la posible complicidad de funcionarios en la introducción de los teléfonos, así como sobre la efectividad de los controles de seguridad.
Pero la controversia no termina ahí. El informe detalla un episodio particularmente inusual en el que el personal de la escuela de Carabineros tuvo dificultades para localizar a Barrera Rojas dentro de las instalaciones. Después de una búsqueda exhaustiva, la influenciadora fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado, que, según sus declaraciones, era de su propiedad. La presencia del automóvil en el centro penitenciario, sin la debida autorización, sugiere una falla en los protocolos de seguridad y plantea interrogantes sobre cómo un vehículo particular pudo ingresar a la institución sin ser detectado.
Epa Colombia justificó la presencia del Mini Cooper argumentando que se trataba de un regalo para su pareja, Karol Samantha. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para disipar las dudas sobre las circunstancias en las que el vehículo ingresó a la escuela de Carabineros. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de los funcionarios encargados de la seguridad, así como para esclarecer la propiedad real del automóvil.
Además de las irregularidades relacionadas con los teléfonos y el vehículo, el informe también revela que Barrera Rojas habría protagonizado amenazas contra funcionarios de la Policía Nacional de Colombia. En una ocasión, tras recibir indicaciones sobre el protocolo de visitas, la influenciadora reaccionó de forma alterada y lanzó advertencias a un miembro de la guardia, un comportamiento que fue registrado en el informe y podría acarrear sanciones disciplinarias.
Las tensiones dentro de la escuela de Carabineros no se limitan a los conflictos con el personal de seguridad. El informe también menciona discusiones entre Epa Colombia y otras reclusas, entre ellas Margaret Chacón, quien está detenida por su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Si bien los detalles de estas discusiones no se especifican en el informe, su existencia sugiere un ambiente de tensión y hostilidad dentro del centro penitenciario.
La revelación de este informe ha generado una ola de críticas y llamados a la investigación por parte de la opinión pública y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Muchos consideran que los presuntos privilegios de los que habría gozado Epa Colombia son una muestra de la desigualdad y la corrupción que persisten en el sistema penitenciario colombiano. Otros expresan su preocupación por la seguridad de los funcionarios y de las otras reclusas, ante el comportamiento agresivo y desafiante de la influenciadora.
Las autoridades han anunciado que se ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer todas las irregularidades denunciadas en el informe. Se espera que esta investigación determine si hubo negligencia por parte de los funcionarios encargados de la seguridad, así como si Epa Colombia recibió algún tipo de trato preferencial. De comprobarse las acusaciones, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra los responsables.
Este caso ha reabierto el debate sobre el papel de las redes sociales y la responsabilidad de los influenciadores en la sociedad. Algunos argumentan que las figuras públicas en redes sociales deben ser sometidas a un mayor escrutinio y a un régimen de consecuencias más severo, debido a su capacidad para influir en la opinión pública y para incitar a la violencia. Otros defienden la libertad de expresión y argumentan que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
En cualquier caso, el caso de Epa Colombia ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles de seguridad en los centros penitenciarios y de garantizar la igualdad de trato a todos los reclusos. También ha evidenciado la importancia de establecer límites claros a la influencia de las redes sociales y de promover una cultura de responsabilidad y respeto a la ley. La investigación en curso deberá arrojar luz sobre las circunstancias que permitieron que una influenciadora condenada por delitos graves gozara de presuntos privilegios dentro de una escuela de Carabineros, y determinar si hubo fallas en el sistema que deben ser corregidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
