El gobierno de José Antonio Kast ha puesto en marcha su ambicioso y polémico plan "Escudo Fronterizo", una estrategia integral destinada a controlar la migración irregular en Chile. A pocos días de asumir el cargo, el presidente Kast visitó la Región de Arica y Parinacota para dar inicio a la ejecución de este proyecto, que incluye la construcción de barreras físicas, medidas administrativas, reformas legislativas y la promesa de expulsiones masivas.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció que el sistema de obstáculos se extenderá a lo largo de 500 kilómetros de la frontera norte, comenzando con la ampliación de la zanja existente en Arica a 30 kilómetros en los próximos 90 días. Este despliegue de infraestructura se complementa con una batería de urgencias legislativas presentadas por el secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, que buscan endurecer las leyes migratorias y criminalizar el ingreso irregular al país.
Uno de los proyectos de ley prioritarios es la tipificación del ingreso irregular como delito, con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión. Además, el gobierno impulsará modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería para limitar el acceso de los migrantes irregulares a beneficios sociales, aunque se mantendrán los derechos a la educación y la salud. Se planean también sanciones para quienes transporten o trasladen a migrantes de manera irregular.
En paralelo, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, ha revelado la magnitud de la tarea que enfrenta su institución. Según sus cifras, existen 37.564 órdenes de expulsión ya firmadas y más de 85.000 personas en proceso de expulsión. Sin embargo, Sauerbaum advirtió sobre la necesidad urgente de obtener financiamiento permanente para llevar a cabo estas expulsiones, que tienen un costo estimado de 3 millones de pesos por persona.
"Además, tenemos que llegar a un acuerdo consular, ojalá con Venezuela, para que reciban a los expulsados", declaró Sauerbaum, destacando que la mitad de los migrantes con órdenes de expulsión son venezolanos. El objetivo es establecer acuerdos similares a los ya existentes con Bolivia, Perú y Colombia para facilitar la repatriación de los migrantes.
Sauerbaum también anticipó que SERMIG desempeñará un papel activo en la fiscalización del cumplimiento de las leyes migratorias, proponiendo al presidente Kast el control de las personas que trabajan en Chile de manera irregular. "Hoy en día hay cientos de personas que tienen un contrato de trabajo, pagando incluso sus cotizaciones previsionales, y tienen su situación migratoria irregular. Eso vamos a modificarlo, porque es un incentivo perverso para que entren inmigrantes", afirmó.
El gobierno también considera la posibilidad de que los propios migrantes asuman el costo de sus pasajes de regreso, incluso utilizando fondos de sus cuentas de AFP. Sauerbaum sugirió que aquellos que salgan voluntariamente podrían recibir beneficios, como una reducción en el período de prohibición de reingreso al país.
Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno han generado controversia y críticas por parte de expertos en migración. Olaya Grau, profesora asociada de la Escuela de Trabajo Social UC e investigadora principal del núcleo milenio MIGRA, advirtió que estas acciones no son suficientes para gestionar la migración en Chile.
"Hay que tener muy en cuenta de que estas medidas no apuntan y no son suficientes para gestionar la migración que hoy día tenemos en nuestro país", afirmó Grau. Destacó la importancia de abordar la situación de los migrantes que ya se encuentran en Chile, promoviendo su integración y cohesión social.
Grau también cuestionó la efectividad de la tipificación del ingreso clandestino como delito, argumentando que medidas similares en el pasado no han logrado reducir la migración irregular y pueden tener efectos negativos, como la invisibilización de los migrantes y la limitación de su acceso a la institucionalidad.
En relación con los eventuales centros de internación, la experta enfatizó que estos lugares pueden generar vulneraciones de derechos humanos y tener un alto costo económico.
El exdirector del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, también advirtió sobre los altos costos de mantenimiento de la zanja fronteriza debido a las condiciones geográficas del desierto. Insistió en que el control fronterizo no es equivalente al control migratorio y que es necesario abordar la situación de los más de 400.000 migrantes irregulares que ya se encuentran en Chile.
Sandoval criticó la falta de respuestas concretas del gobierno sobre cómo se materializará la expulsión masiva prometida por el presidente Kast. "Tarde o temprano este Gobierno va a tener que dar un mecanismo de regularización, le va a poner otro nombre como un visado especial, pero de algún modo va a tener que dar una salida administrativa", sentenció.
La implementación del "Escudo Fronterizo" plantea desafíos significativos para el gobierno de Kast, tanto en términos de financiamiento como de gestión migratoria y respeto a los derechos humanos. La efectividad de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar el control fronterizo con la integración de los migrantes que ya se encuentran en Chile y de encontrar soluciones viables para la repatriación de aquellos que deben regresar a sus países de origen. La situación se presenta compleja y el futuro de la migración en Chile sigue siendo incierto.
