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El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha elevado la tensión en la frontera con Ecuador al denunciar públicamente que su país está siendo bombardeado desde territorio ecuatoriano. La acusación, realizada durante un consejo de ministros este lunes, se basa en el hallazgo de una bomba “tirada desde un avión” cerca de la frontera, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden la afirmación.
Petro afirmó que “ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”. El mandatario colombiano insiste en que los ataques no provienen de grupos armados ilegales, sino directamente del gobierno ecuatoriano, una acusación de gran peso que podría desencadenar un conflicto diplomático y militar de consecuencias impredecibles.
Esta denuncia se produce en un contexto de creciente hostilidad entre Colombia y Ecuador, marcado por una guerra comercial que se inició en enero cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, argumentando una supuesta falta de acciones por parte del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
La respuesta de Colombia no se hizo esperar, con la imposición de aranceles a 73 productos ecuatorianos y el corte del suministro de electricidad a Ecuador. Noboa, a su vez, incrementó la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través de uno de sus principales oleoductos, elevándola del 30% inicial al 50% a partir del 1 de marzo. Esta escalada de medidas económicas ha tensado aún más las relaciones bilaterales, creando un ambiente propicio para la confrontación.
Petro ha revelado que ha solicitado la intervención del expresidente estadounidense, Donald Trump, en la crisis. Según el mandatario colombiano, la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con Trump, en la que le pidió que “actúe y llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”. Esta solicitud inusual, dirigida a un exmandatario, subraya la preocupación de Petro por la escalada de tensiones y su deseo de evitar un conflicto armado.
El presidente colombiano enfatizó la gravedad de la situación, afirmando que “la soberanía nacional se respeta (...) La bomba está activa, entonces es peligrosa y tenemos que tomar las decisiones del caso”. Petro también anunció que pronto hará pública una “grabación” que, según él, evidencia lo ocurrido desde Ecuador, aunque no especificó el contenido o la autenticidad de la misma.
La situación se complica aún más con el reciente acuerdo firmado entre Ecuador y Estados Unidos, que formalizó la apertura de la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Ecuador. Este acuerdo, que busca fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado internacional, ha sido visto con recelo por el gobierno colombiano, que lo interpreta como un alineamiento de Ecuador con Estados Unidos en detrimento de sus intereses.
Además de la oficina del FBI, se ha creado una nueva unidad policial conjunta entre Ecuador y Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la capacidad para “identificar, desmantelar, y llevar ante la Justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas, y financian el terrorismo”. Este acuerdo se suma a las operaciones militares conjuntas que ambos países iniciaron a principios de mes en Ecuador contra organizaciones “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de tensiones entre Colombia y Ecuador. La posibilidad de un conflicto armado en la región tendría consecuencias devastadoras para ambos países y para la estabilidad de América Latina. La diplomacia y el diálogo son ahora más necesarios que nunca para evitar una tragedia.
Analistas políticos señalan que la denuncia de Petro podría ser una estrategia para presionar a Ecuador a ceder en la guerra comercial y a reconsiderar sus políticas en la frontera. Sin embargo, la gravedad de la acusación y la falta de pruebas concretas podrían socavar la credibilidad del gobierno colombiano y dificultar la búsqueda de una solución pacífica.
La respuesta del gobierno ecuatoriano a las acusaciones de Petro ha sido cautelosa. Hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial, pero fuentes diplomáticas indican que Quito rechaza categóricamente las acusaciones y las considera “infundadas y provocadoras”. Se espera que el gobierno ecuatoriano emita una respuesta formal en las próximas horas.
La situación en la frontera entre Colombia y Ecuador es extremadamente volátil. La presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la creciente tensión política han creado un cóctel explosivo que podría desencadenar un conflicto armado en cualquier momento. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y la negociación entre ambos países, con el fin de evitar una tragedia que tendría consecuencias impredecibles para la región.
