Cientos de personas han muerto y otras tantas han resultado heridas tras un ataque aéreo contra un centro médico en Kabul, Afganistán, en la noche del lunes. El gobierno talibán ha acusado directamente a Pakistán del bombardeo, elevando la tensión en una región ya marcada por un conflicto fronterizo en escalada. Islamabad niega la autoría del ataque al complejo, un centro de rehabilitación para drogadictos, aunque admite haber bombardeado “con precisión instalaciones militares e infraestructura de apoyo a los terroristas” en Kabul y en la provincia de Nangahar. La comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, ha exigido una investigación “independiente” y “transparente” sobre la explosión.
Según fuentes de la cadena británica BBC, que accedió al lugar de los hechos, partes del centro médico permanecían en llamas y se observó el traslado de al menos 30 cadáveres en camillas. Los trabajadores del complejo han informado a la BBC que alrededor de 2.000 personas estaban recibiendo tratamiento en el centro en el momento del ataque. La magnitud de la tragedia se hace palpable en las palabras de Abdul Ahad, un familiar desesperado que busca a su ser querido, Wahid, desaparecido desde el ataque. “Está desaparecido. Su nombre es Wahid. Había sido ingresado aquí desde hace aproximadamente un mes”, relató a Efe. “Muchas víctimas siguen sin ser identificadas, y algunos cuerpos han sido quemados”, añadió, reflejando la confusión y el horror que reinan en el lugar.
Testigos presenciales, citados por Reuters, describen escenas dantescas. Las explosiones se produjeron justo cuando los pacientes terminaban sus rezos vespertinos, con al menos dos detonaciones en el área de habitaciones. “Todo el sitio se incendió, era como el día del juicio final”, declaró uno de los testigos. “Mis amigos se quemaron en el incendio, no pudimos salvarlos”, añadió, pintando un cuadro desolador de la tragedia.
El portavoz del Ministerio talibán de Sanidad, Sharafat Zaman Amarkhail, ha insistido en que no existen instalaciones militares en las cercanías del centro sanitario, desmintiendo así las justificaciones de Pakistán. La cifra oficial de víctimas, según un portavoz talibán, asciende a 400 muertos, aunque esta cifra aún no ha podido ser verificada de forma independiente.
El Ministerio de Información de Pakistán, por su parte, defiende la “precisión y cuidado” con los que se llevaron a cabo los ataques, asegurando que se tomaron medidas para evitar daños colaterales. Islamabad rechaza las cifras proporcionadas por los talibanes, calificándolas de “tergiversaciones que buscan exaltar los sentimientos para conseguir un apoyo ilegítimo al terrorismo fronterizo”. El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, ha señalado en la red social X que “las visibles explosiones secundarias tras los ataques indican claramente la presencia de grandes almacenes de munición”, sugiriendo que el centro médico podría haber sido utilizado para fines ilícitos.
El complejo Omid, que anteriormente funcionaba como una base militar estadounidense, se convirtió en un centro de rehabilitación para drogadictos en 2016. El centro ofrecía no solo tratamiento para las adicciones, sino también formación profesional en áreas como sastrería y carpintería, con el objetivo de facilitar la reinserción laboral de los pacientes una vez rehabilitados. La pérdida de este centro representa un duro golpe para la comunidad de adictos en Kabul, que ya enfrentaba numerosos desafíos.
El conflicto fronterizo entre Afganistán y Pakistán, aunque de larga data, se ha intensificado en las últimas semanas, alcanzando niveles no vistos en años. Una serie de ataques por parte de Pakistán, dirigidos contra lo que Islamabad describe como bases de milicianos apoyados por Kabul, han desencadenado una escalada de violencia. Afganistán ha respondido acusando a Pakistán de violar su soberanía y lanzando sus propios ataques. Las escaramuzas se han extendido a otras zonas, con cada país acusando al otro de causar la muerte de cientos de personas.
Pakistán acusa a los talibanes de brindar refugio a grupos de milicianos que llevan a cabo ataques en su territorio, mientras que los talibanes niegan estas acusaciones y afirman que la lucha contra estos grupos es un asunto interno de Pakistán. Esta disputa central alimenta la creciente tensión entre ambos países.
El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, ha condenado enérgicamente el bombardeo y se ha mostrado “consternado” por la magnitud de la tragedia. Bennett ha instado a ambas partes a reducir la escalada, a ejercer la máxima moderación y a respetar el derecho internacional, incluyendo la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil, como los hospitales.
Organizaciones humanitarias como Save The Children han calificado el ataque como “devastador”. “Los civiles que buscan atención médica nunca deberían quedar atrapados en el fuego cruzado. Cuando la violencia llega a los centros de tratamiento y refugio, representa un grave fracaso en la protección de quienes corren mayor riesgo”, declaró Bujar Hoxha, director de la ONG en Afganistán, a través de un comunicado. La tragedia en Kabul pone de manifiesto la urgente necesidad de proteger a los civiles en zonas de conflicto y de garantizar el acceso a la atención médica para todos. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia entre Afganistán y Pakistán, temiendo que la situación pueda desestabilizar aún más una región ya marcada por la inestabilidad y el conflicto. La investigación exigida por la ONU se antoja crucial para esclarecer los hechos y responsabilizar a los culpables de esta masacre.
