El juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan, que cobró la vida de 44 tripulantes en 2017, comienza este martes en Río Gallegos, marcando un hito en la búsqueda de justicia y respuestas para las familias de las víctimas. Cuatro altos mandos de la Armada Argentina – Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa – enfrentarán cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado. El debate, que se desarrollará virtualmente, permitirá a las familias, dispersas por todo el país, seguir las audiencias desde sus hogares, aunque con expectativas encontradas sobre el resultado final.
La elevación a juicio, a cargo de los fiscales Luis Alberto Colla y María Andrea Garmendia Orueta, será presentada esta semana, dando paso a las declaraciones de los acusados, quienes, según fuentes del caso, planean defender su inocencia. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, prevé un veredicto para mediados de julio.
El ARA San Juan zarpó desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 con destino a Ushuaia. Tras una breve estadía, el 8 de noviembre inició su última travesía, una patrulla en las profundidades del mar argentino que terminaría en tragedia. La investigación del Ministerio Público Fiscal reveló que días después, el submarino reportó una filtración de agua a través de los conductos de ventilación, que alcanzó el tanque de baterías número tres, provocando un cortocircuito y un principio de incendio. El 15 de noviembre, se produjo una “pérdida repentina de plano”, un descenso descontrolado que llevó a la implosión del submarino, incapaz de soportar la presión a más de 600 metros de profundidad.
La investigación desenterró graves deficiencias operativas previas a la partida del ARA San Juan. Diversos capitanes habían informado sobre desperfectos continuos incluso después de su reparación integral. El submarino había superado en 26 meses el intervalo reglamentario para ingresar a dique seco, una inspección y reparación exhaustiva del casco y los sistemas externos. Esta falta de mantenimiento programado impuso restricciones de navegación, prohibiendo al submarino descender a más de 100 metros.
La acusación sostiene que, a pesar de las múltiples alertas, las autoridades responsables omitieron ordenar reparaciones inmediatas o suspender las expediciones del submarino. Los peritajes técnicos concluyeron que la catástrofe fue el resultado de una cadena de eventos desencadenada por la filtración de agua. El agua de mar sobre las baterías provocó un cortocircuito e incendio, generando una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo. La acumulación de hidrógeno alcanzó un nivel crítico, provocando una explosión interna que neutralizó o incapacitó a gran parte de la tripulación, impidiéndoles realizar las maniobras de emergencia necesarias para salir a la superficie. La nave se hundió sin control hasta implosionar bajo la inmensa presión.
La fiscalía fundamenta su acusación en las responsabilidades específicas de cada cargo militar. López Mazzeo, como titular del Comando de Adiestramiento, no habría supervisado las normativas relacionadas con el resguardo del ARA San Juan. Villamide, Comandante de la Fuerza de Submarinos, conocía el vencimiento de las garantías preventivas y había recibido un pedido expreso para enviar la nave a reparaciones urgentes. Alonso, Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y reemplazo natural de Villamide, firmó la orden operativa que envió al submarino hacia el sur, sabiendo de las limitaciones de inmersión y los problemas previos de la unidad. Correa, director operativo de comunicaciones, es acusado de participar en el diseño del ejercicio naval ignorando el estado defectuoso del equipamiento y de no garantizar un servicio de radioeléctrico rápido y seguro entre el barco y tierra firme.
Las familias de las 44 víctimas se dividen en dos querellas, representadas por la abogada Valeria Carreras y el abogado Luis Tagliapietra, quien también es padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los tripulantes fallecidos. Mientras que el grupo liderado por Carreras expresa un optimismo cauteloso, creyendo que el juicio brindará un cierre a la tragedia, los representados por Tagliapietra son más escépticos. Cuestionan si se ha probado fehacientemente la causa del hundimiento y lamentan que el juicio no se celebre en Mar del Plata, el puerto de origen del submarino. Temen que estas inconsistencias puedan llevar a la absolución de los acusados, ya sea en Río Gallegos o en instancias superiores.
El inicio de este juicio representa un momento crucial para las familias, que han esperado más de ocho años para obtener respuestas y justicia. La atención se centra ahora en las declaraciones de los acusados y en la presentación de pruebas que determinarán el futuro de este caso, que ha marcado profundamente la historia reciente de la Armada Argentina y ha generado un profundo dolor en todo el país. La búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas son fundamentales para evitar que una tragedia similar se repita en el futuro. El país observa con expectación el desarrollo de este proceso judicial, esperando que se haga justicia por los 44 tripulantes del ARA San Juan.
