El inicio del ciclo lectivo 2026 se presenta como un punto de inflexión para la educación pública en Argentina, marcado por un profundo desfinanciamiento, conflictos laborales y una demografía en transformación. Mientras los gremios docentes preparan un paro nacional para este lunes 2 de marzo en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno, las escuelas se enfrentan a una realidad demográfica inédita: la caída en la tasa de natalidad, que amenaza con agudizar la crisis y poner en jaque el futuro del sistema educativo.
La legisladora porteña Maru Bielli advierte sobre el peligro de que la disminución de la matrícula sea aprovechada como excusa para recortar inversiones, una estrategia que ya se observa en la gestión de Milei y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri. Sin embargo, Bielli también subraya la oportunidad de repensar el modelo educativo y aprovechar la situación para fortalecer la educación pública, siempre y cuando se priorice una agenda de propuestas que la rescate de su actual situación.
La pregunta central que se plantea es si la reducción de estudiantes implicará una merma en el número de docentes. El cierre de grados en las escuelas porteñas durante 2025 y la proyección de una disminución de 1,2 millones de estudiantes para 2030, según un informe de Argentinos por la Educación, alimentan esta preocupación. Las provincias más afectadas serían CABA (-34%), Buenos Aires (-30,5%) y Santa Fe (-24,5%), mientras que Santiago del Estero, Misiones y Corrientes registrarían caídas menores.
Si bien la reducción de la matrícula podría aliviar la carga de trabajo de los docentes, Martín Nistal, autor del informe de Argentinos por la Educación, advierte que esta solución es ineficiente. La evidencia internacional demuestra que la reducción del tamaño de las clases no se traduce automáticamente en mejoras significativas en los aprendizajes, como sí podrían hacerlo las tutorías personalizadas y la implementación de parejas pedagógicas.
Mercedes Marino Aguirre, docente con más de 30 años de experiencia, destaca el potencial de las duplas de docentes para mejorar la calidad de la enseñanza. El intercambio colaborativo en la planificación, la enseñanza y la evaluación puede generar un modo de investigación-acción que se traduzca en mejoras concretas en el aula. Además, Aguirre enfatiza la necesidad de garantizar un espacio de cuidado y aprendizaje adecuado para los estudiantes, teniendo en cuenta las múltiples problemáticas que enfrentan las infancias actuales.
Los trabajadores de la educación proponen la creación y el fortalecimiento de diversos roles, como acompañantes de las trayectorias, maestras auxiliares de apoyo e inclusión, profesionales que guíen a los docentes noveles, directores sociocomunitarios y referentes territoriales capaces de articular con los clubes de barrio, las familias y los organismos de protección de derechos. Daniel Filmus, exministro de Educación y Ciencia y Tecnología, destaca la oportunidad de contar con una gran masa crítica docente para trabajar mejor en las escuelas.
En la Ciudad de Buenos Aires, la caída de la natalidad es aún más pronunciada, superando en tres puntos el promedio nacional y alcanzando el 52% en los barrios del sur. Esta situación podría facilitar la resolución del histórico problema de la falta de vacantes en los primeros años del nivel inicial. Sin embargo, el reciente incremento de la oferta estatal de jardines maternales no se ha traducido en un aumento de la matrícula, ya que cuatro de cada diez niños y niñas porteñas de dos años no asisten a ninguna institución educativa.
Las razones de esta situación son diversas, desde la decisión familiar de postergar la escolarización hasta la dificultad de conciliar la vida laboral de los adultos con los horarios, la distancia y la propuesta del jardín. Maru Bielli propone robustecer la enseñanza en los tres niveles educativos y descomprimir el trabajo de cuidado de las infancias, que recae principalmente en las mujeres, generando las condiciones para que quienes deseen tener hijos puedan hacerlo con la mejor calidad de vida posible.
Entre las propuestas, se destaca el aumento del personal docente, administrativo y auxiliar en cada escuela, la incorporación de actividades optativas durante el receso invernal, la flexibilización de la oferta de las salas no obligatorias, la mejora del sistema de inscripción online y la posibilidad de inscribir a los niños durante todo el año. Además, se propone un plan alimentario adecuado, que no incluya ultraprocesados ni azúcares agregados, y un acompañamiento a las familias para una mejor nutrición de los niños.
También se sugiere profundizar la vinculación entre el sistema de salud y el educativo a través de equipos interdisciplinarios rotativos por distrito escolar para el nivel inicial, integrados por psicopedagogas, trabajadoras sociales, psicomotricistas, pediatras, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y odontólogos. Javier Conde, maestro en escuelas públicas porteñas, advierte sobre la necesidad de diferenciar los criterios pedagógicos de aquellos que responden a las necesidades del mercado laboral, señalando que cada vez se le pide más a la escuela.
El paro nacional anunciado por la CTERA y los sindicatos docentes de la CGT, UDA y CEA, se suma a este panorama de incertidumbre. Fabián Felman, titular de la CEA, argumenta que las circunstancias actuales generadas por el gobierno imponen una reacción en defensa de los derechos laborales y salariales. La CTERA plantea un plan de lucha frente a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública y al conjunto del pueblo trabajador.
Desde el inicio de la gestión de Milei, el presupuesto educativo ha sufrido una caída del 50% en términos reales. La quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el congelamiento de las Becas Progresar han impactado negativamente en los salarios de los docentes, que se encuentran en un piso histórico, menor que el de hace 20 años. La discontinuación del Conectar Igualdad, la pérdida de más de un millón de becas y la demora en la distribución de libros son otros ejemplos de la desinversión en el sector educativo.
Las universidades también se han visto afectadas, con una pérdida del 29% en dos años. La Ley de Financiamiento Universitario buscaba reparar el ajuste, pero el gobierno de Milei ha presentado un proyecto para modificarla, aumentando las partidas salariales en un 4,4% cuando la ley sancionada establecía un aumento del 63%.
A pocos días del inicio de las clases, el gobierno de la Ciudad despidió sin previo aviso a 50 docentes del programa socioeducativo Maestro+Maestro, dedicado a fortalecer la enseñanza de la lectura y escritura en el primer ciclo del nivel primario. Este recorte afectó especialmente a las docentes que habían sido madres recientemente, como Belén, quien denunció haber sido cesada en un cargo que se le había prometido hasta que pudiera titularizarse.
El presupuesto 2026 aprobado por el Congreso destinará aproximadamente el 0,75% del PBI a Educación, muy por debajo del mínimo del 6% establecido por la ley de hace 20 años. La Secretaría de Educación afrontará la gestión con un 50% menos de recursos en términos reales respecto a 2023, afectando a las universidades, las escuelas técnicas, la infraestructura, el equipamiento y la formación docente.
La situación actual plantea un interrogante fundamental: si el Estado y la política reorganizarán sus esfuerzos y recursos para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes o si la educación será, una vez más, una variable de ajuste. La incertidumbre es palpable, y el futuro de la educación pública en Argentina pende de un hilo.
