El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, enfrenta una encrucijada legal y de salud tras ser aprehendido en el marco de la investigación del caso “pavimento”, un expediente que involucra presuntas irregularidades en 16 proyectos de pavimentación. La situación se ha complicado por un repentino cuadro de influenza severa que obligó al traslado del edil a una clínica privada, generando un debate sobre la legitimidad de la aprehensión y el estado de su salud.
La orden de aprehensión fue emitida por la fiscal Milenka Rodas, luego de la declaración de Fernández ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc). Sin embargo, durante su comparecencia, el alcalde experimentó malestar y, según informes, incluso se descompensó. Tras una evaluación médica forense, se procedió con la aprehensión, pero el deterioro de su salud llevó a su traslado urgente en ambulancia a una clínica privada, llegando al establecimiento con soporte de oxígeno y cubierto con una colcha.
Fabio Joffré, abogado del alcalde, ha defendido la inocencia de su cliente, calificando las acusaciones como “incongruentes e infundadas”. Joffré argumenta que la denuncia original, presentada por el candidato de VOS, Manuel “Mamén” Saavedra, se basaba en la supuesta existencia de “obras fantasmas”, lo cual, según la defensa, ha sido desmentido por la propia Fiscalía al identificar las obras en cuestión. El abogado denuncia una “aprehensión incongruente y arbitraria”, señalando que se han recurrido a argumentos sin lógica, como la presencia de tres postes de la CRE (Compañía de Electricidad de Santa Cruz) en una calle, para justificar la medida.
“Los elementos son prácticamente incongruentes, infundados, como ya lo hemos mencionado, porque la denuncia se basó diciendo en que había obras fantasmas, pero eso resultó no ser cierto, porque las obras se identificaron el sábado por la misma Fiscalía. Los asfaltos están ahí, han sido entregados y no ha habido nada de obras fantasmas. Lamentablemente tuvieron que recurrir a otros argumentos, sin ninguna lógica”, declaró Joffré.
La investigación se centra en el presunto delito de conducta antieconómica. La Contraloría General del Estado ha identificado irregularidades en los 16 proyectos de pavimentación, lo que desencadenó la denuncia de Saavedra. Además de Fernández, el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, también fue investigado, pero quedó en libertad tras prestar su declaración.
El desarrollo de los acontecimientos ha generado reacciones diversas en el ámbito político cruceño. Angélica Sosa, figura política local, ha cuestionado el momento de la denuncia, acusando a Saavedra de oportunismo. La situación también se suma a un contexto de tensiones políticas en Santa Cruz, con debates sobre la autonomía regional y las concesiones.
A pesar de su delicado estado de salud, Fernández se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa, según su defensa. Joffré enfatizó que, a pesar del “cuadro severo de influenza”, el alcalde priorizó cumplir con sus obligaciones legales. El edil fue trasladado con escolta policial al centro médico, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.
Tras recibir atención médica en la clínica privada, Fernández fue dado de alta y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanecerá bajo custodia mientras se define su situación jurídica. La Fiscalía ha anunciado que solicitará la detención preventiva del alcalde, argumentando la necesidad de garantizar la investigación y evitar posibles obstrucciones.
La defensa del alcalde ha rechazado el pedido de cárcel, denunciando “fundamentos insuficientes” por parte de la Fiscalía. Se espera que en los próximos días se celebre una audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará si Fernández debe permanecer en prisión preventiva o puede continuar el proceso en libertad.
El caso “pavimento” ha puesto en el centro del debate la gestión de recursos públicos y la transparencia en la contratación de obras en Santa Cruz. La investigación continúa en curso, y se espera que se presenten nuevas pruebas y testimonios que puedan esclarecer las presuntas irregularidades. La situación del alcalde Fernández sigue siendo incierta, pendiendo de la decisión judicial y de su recuperación de salud.
Mientras tanto, la ciudad de Santa Cruz observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, en un contexto de creciente polarización política y desconfianza en las instituciones. La llegada del presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Bolivia este miércoles, con la promesa de anunciar nuevos proyectos de inversión, podría ofrecer un respiro económico a la región, pero la crisis política y legal que enfrenta el alcalde Fernández amenaza con eclipsar cualquier posible avance. La confianza en la justicia y la transparencia en la gestión pública se han convertido en elementos clave para la estabilidad y el desarrollo de Santa Cruz.
