Una delegación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llegado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en la ciudad de Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026. Con el discurso habitual de "justicia climática" y la solicitud de compensaciones financieras, el gobierno nicaragüense busca posicionarse ante la comunidad internacional como un defensor del medio ambiente, a pesar de que la realidad interna del país muestra una tendencia opuesta basada en el extractivismo y la deforestación.
Durante el evento, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), representado por el especialista en cambio climático Jonathan González, afirmó que Nicaragua reafirmará su compromiso con la "defensa de nuestra madre tierra, la paz, la justicia climática con reparación y el derecho de los pueblos al desarrollo". Sin embargo, estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo por observadores y organizaciones ambientales.
Christy Martínez, quien participa en la COP31 como observadora de la Fundación Sin Límites, calificó el discurso oficial como una muestra de "enorme hipocresía". Según Martínez, resulta profundamente contradictorio que el régimen exija justicia climática en los foros internacionales mientras, simultáneamente, otorga concesiones mineras masivas, restringe el espacio cívico y persigue a las personas que defienden los territorios y el medio ambiente en Nicaragua. Para Martínez, no es posible hablar de justicia climática ignorando la participación de las comunidades y los derechos humanos de los defensores ambientales.
La brecha entre la retórica y la práctica se evidencia en las cifras de concesiones territoriales. Actualmente, el régimen ha entregado en concesión el 25% del territorio nacional, lo que representa unos 32,000 kilómetros cuadrados. Además, según el marco presupuestario del Gobierno, existe la intención de ampliar estas concesiones hasta alcanzar el 40% de la superficie total del país.
Un punto crítico es la influencia de los capitales extranjeros, particularmente los chinos. De acuerdo con un informe de la Fundación del Río, existen 23 empresas mineras vinculadas con China que poseen 93 lotes concesionados, abarcando un total de 1,554,332 hectáreas. Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense desnacionalizado y presidente de dicha fundación, señaló que los actores chinos son quienes concentran el mayor número de empresas y hectáreas en comparación con otros capitales. Ruiz advirtió que el régimen ha modificado las normativas legales para facilitar que estas corporaciones asuman el control de la minería industrial en el país.
El impacto de esta actividad extractiva es especialmente severo en las zonas protegidas y territorios ancestrales. El Atlas de concesiones mineras de los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua revela que al menos 62 concesiones mineras se encuentran ubicadas en 18 territorios indígenas, sumando una superficie de 681,574 hectáreas. Esta explotación compromete la red hídrica, afectando a 163 ríos, 80 quebradas y 1,894 kilómetros de cauces, lo que genera daños potencialmente irreversibles para la salud de las poblaciones locales y el ecosistema.
Paralelamente a la minería, el régimen enfrenta graves denuncias por la deforestación acelerada. La expansión de la ganadería en reservas biológicas, como la Reserva de la Biósfera de Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz, ha devastado extensas áreas de bosque. Líderes indígenas de la Costa Caribe han denunciado durante más de una década que colonos invasores se asientan en sus tierras ancestrales, motivados por la compra ilegal de terrenos y la permisividad de las autoridades gubernamentales.
En el caso de Bosawás, las tierras despojadas a los pueblos originarios han sido transformadas en pastizales para la explotación ganadera. Diversos ambientalistas han alertado sobre la existencia de redes vinculadas al Frente Sandinista que operan con total impunidad en la comisión de estos crímenes ambientales.
Mientras la delegación oficial se desplaza por los pasillos de la COP31 señalando a las potencias mundiales y exigiendo fondos por las pérdidas y daños causados por el cambio climático, la realidad en Nicaragua sigue siendo la de un territorio donde la protección de los ecosistemas es sacrificada en favor de intereses económicos y concesiones industriales.
