El Gobierno de México, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha presentado un informe detallado que revela una disminución significativa en la superficie destinada al cultivo ilícito de amapola en territorio nacional. De acuerdo con el séptimo reporte de monitoreo, la extensión de estos cultivos cayó un 27,65 % durante el periodo 2023-2024 en comparación con el ciclo anterior.
En términos cuantitativos, el estudio estima que la superficie cultivada se redujo de 11.095 hectáreas, registradas en el ciclo 2022-2023, a 8.028 hectáreas en el periodo 2023-2024. Esta contracción es el resultado de una convergencia de factores económicos, políticos y ambientales que han alterado la dinámica de la producción de opiáceos en el país.
Desde una perspectiva internacional, el informe atribuye gran parte de esta tendencia a una transformación profunda en el mercado global de opioides. Se observa que los opiáceos de origen natural están siendo desplazados de manera gradual por el uso de opioides sintéticos, destacando el fentanilo y sus análogos. Esta reconfiguración responde a ventajas competitivas claras en términos de costos de producción, facilidad logística y una mayor rentabilidad para las organizaciones criminales. Como consecuencia directa, los incentivos económicos para mantener los cultivos de amapola han disminuido en diversos países productores, incluyendo el caso específico de México.
En el ámbito interno, el documento subraya que la baja en la superficie cultivada no es el resultado exclusivo de las acciones de localización y destrucción de plantíos. El informe resalta la efectividad de las políticas de desarrollo alternativo, poniendo especial énfasis en el programa gubernamental Sembrando Vida. Este plan ha sido identificado como un factor determinante para fomentar la transición voluntaria de los agricultores hacia actividades agrícolas lícitas.
El programa Sembrando Vida ha proporcionado apoyos económicos de hasta 5.000 pesos mensuales, además de insumos básicos, en estados tradicionalmente productores de amapola como Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango. Según una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) citada en el reporte, estos apoyos han servido para compensar la pérdida de ingresos que suponía el abandono de la producción ilícita de amapola.
No obstante, el estudio advierte que no se puede atribuir la reducción a una sola causa. Las condiciones meteorológicas jugaron un papel relevante; se registró una sequía severa en las regiones serranas y el impacto devastador del huracán Otis en el estado de Guerrero, el cual provocó daños directos en las parcelas. Asimismo, el informe señala que el huracán Otis redujo la cobertura de muestreo en dicha entidad, lo que obliga a tomar las comparaciones directas con reserva. Los autores sugieren que el descenso registrado es una combinación de una caída real del cultivo, una menor cobertura de campo en el sur y un ajuste en el diseño estadístico empleado.
Esta reducción en la superficie y el rendimiento agrícola se tradujo en una caída drástica de la producción potencial nacional de goma de opio seca. La producción pasó de 166,31 toneladas métricas en el ciclo 2022-2023 a 105,64 toneladas en 2023-2024, lo que representa una disminución del 36,48 %.
Por otro lado, los datos proporcionados por la Fiscalía General de la República (FGR) muestran que el esfuerzo de erradicación también ha variado. En 2024, las fuerzas federales destruyeron 9.087 hectáreas de amapola, una cifra que es un 10,62 % menor a las 10.167 hectáreas erradicadas en 2023 y un 20,28 % menor que las 11.398 hectáreas destruidas en 2022.
Finalmente, el reporte se enmarca en un contexto de reconfiguración del narcotráfico en la región, donde las drogas de origen vegetal pierden terreno frente al tráfico de opioides sintéticos y se refuerza la cooperación bilateral en seguridad entre México y Estados Unidos.
